Opacidad en recursos propios de la UAS podría inferir lavado de dinero y delincuencia organizada: Pérez de Acha

CULIACÁN._ La negativa de autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa a que sean fiscalizados los recursos propios que genera la institución, puede inferir conductas delictivas que son difíciles de afirmarse pues hay presunción de inocencia, opinó Luis Pérez de Acha, ex integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Sin embargo, cuando alguien se defiende de este tamaño, cuando alguien no quiere ser fiscalizado o ser auditado, con argumentos legalistas, no quiero decir que sean fundados o infundados, son legalistas, en lugar de rendir cuentas en lo que tienen que rendir cuentas”, expresó el abogado en derecho constitucional, fiscal y administrativo.

“Pues sí puedes presumir o inferir que hay una conducta sospechosa, que hay conductas delictivas, y sí de desvío de recursos públicos o autogenerados, y de lavado de dinero”.

Pérez de Acha explicó que para que se dé el lavado de dinero primero tiene que haber existencia de dinero ilícito, lo que presuntamente habría si hay recursos desviados de la UAS.

“Y los estás mandando a través de factureras o los estás sacando a través de factureras, pues ya estás hablando de lavado de dinero, precisamente lavado de dinero es el encubrir o simular operaciones para desviar recursos públicos, bancarizarlos y transferirlos a patrimonios de particulares”, detalló.

“Pero además con un añadido: si participan tres o más personas, que generalmente sucede en estos esquemas de lavado de dinero, estás hablando de delincuencia organizada”.

El caso podría llegar hasta la Fiscalía General de la República, si se trata de dinero federalizado, expuso el abogado.

Recalcó Pérez de Acha que con sus declaraciones no quiere acusar a nadie, afirmó desconocer los nombres de los implicados y el monto de millones de pesos de los que se esté hablando en el caso de los recursos propios de la UAS.

Ante este tipo de evidencia y otros casos de instituciones públicas de educación, las autoridades tienen que cerrar la posibilidad de que esto siga ocurriendo en las universidades públicas, esto sería a través de la reforma a las leyes orgánicas.

“Y segundo, permitiendo que sean fiscalizadas como somos fiscalizados los contribuyentes y como son fiscalizadas las empresas”, opinó Pérez de Acha.