Registra Sinaloa 184 servidores públicos sancionados y 16 denunciados en 2024
En 2024, un total de 184 personas servidoras públicas de administraciones municipales en Sinaloa fueron sancionadas por faltas administrativas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como parte del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales.
Del total de sanciones en la entidad, la mayor proporción correspondió a amonestaciones privadas, con 70 casos, seguidas de 61 inhabilitaciones, lo que implica la imposibilidad temporal de ejercer cargos públicos. Además, se registraron 23 amonestaciones públicas, nueve suspensiones del empleo, dos destituciones y otros casos clasificados en distintas categorías administrativas.
El informe detalla que las sanciones administrativas no son excluyentes, es decir, una misma persona pudo haber recibido más de un tipo de sanción, por lo que el desglose por tipo no necesariamente coincide con el total de personas sancionadas.
A nivel nacional, se reportaron 7 mil 465 personas servidoras públicas sancionadas en el ámbito municipal. El Estado de México concentró la cifra más alta, con 3 mil 73 casos, seguido por Jalisco con mil 197 y Baja California con 446. En contraste, entidades como Colima no reportaron sanciones y Baja California Sur registró cero casos en el periodo.
Sinaloa se ubicó en una posición intermedia dentro del conjunto nacional con cifras por debajo de estados como Sonora (264), Querétaro (251) y Nuevo León (228), pero por encima de entidades como Zacatecas (27), Oaxaca (12) y Colima (4).
En cuanto a denuncias penales, el INEGI documentó que en Sinaloa 16 personas servidoras públicas fueron denunciadas ante el Ministerio Público por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
De estos casos, 13 estuvieron relacionados con ejercicio indebido del servicio público, uno con ejercicio abusivo de funciones y tres fueron clasificados en otros tipos de delito. No se reportaron denuncias en la entidad por delitos como cohecho, peculado o tráfico de influencias dentro de este registro específico.
En el contexto nacional, durante 2024 se denunciaron 324 personas servidoras públicas. Los delitos más frecuentes fueron el ejercicio indebido del servicio público, que concentró el 28.1 por ciento de los casos, y el abuso de autoridad, con el 22.8 por ciento.
Otras conductas registradas a nivel nacional incluyeron peculado, con 59 casos; cohecho, con 45; enriquecimiento ilícito, con 25; delitos contra la administración de justicia, con 12, y tráfico de influencias, con cinco registros.
El documento también señala que, al igual que en las sanciones administrativas, una persona pudo haber sido denunciada por más de un delito, por lo que las cifras desagregadas no son acumulables entre sí.
Estos datos forman parte de los instrumentos estadísticos del INEGI que buscan ofrecer un panorama sobre la incidencia de faltas administrativas y posibles conductas delictivas dentro de los gobiernos municipales del país, así como contribuir al análisis y diseño de políticas públicas en materia de control interno, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
