"Respaldan organizaciones y ciudadanos trabajo de Norma Sánchez"

Diferentes organizaciones nacionales y locales, así como ciudadanos, hicieron público un respaldo al trabajo que ha estado realizando Norma Sánchez Castillo al frente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Este posicionamiento se ha hecho después de que diversos integrantes de este organismos hayan cuestionado el papel que ha realizado la presidenta, sobre todo por considerar que las declaraciones que ha hecho en medio no los representa.

Sin embargo, organizaciones expresaron su respaldo al trabajo de Sánchez Castillo, en el que destacan su trayectoria en el impulso de nuevas reglas de transparencia y de rendición de cuentas.

En una carta abierta dirigida a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa, las organizaciones nacionales y locales, así como las y los ciudadanos abajo firmantes, dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos y al combate a la corrupción, plantearon el rol que juegan estos comités ciudadanos en la lucha contra la corrupción.

Integrantes del CPC acusan que su presidenta se está apropiando del comité

"Hacemos esto a raíz de recientes declaraciones hechas por varios de los miembros respecto al actuar de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana".

Con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, recordaron, se contempló la creación de sistemas locales anticorrupción, que cuentan con un Comité de Participación Ciudadana.

Explicaron que esta figura vincula a la sociedad civil, la academia y a la ciudadanía en general con las entidades públicas de combate a la corrupción, lo cual es importante para fortalecer la garantía de derechos, la relación entre sociedad y gobierno y la democracia del país.

Además, su titular preside el Comité Coordinador, continuaron, a través del cual lidera y articula los esfuerzos anticorrupción.

"La idea del comité nace de la necesidad de poner en el centro del combate a la corrupción la voz, preocupaciones y demandas de las y los ciudadanos, quienes son los primeros afectados por la corrupción. Dar un espacio institucional a la ciudadanía permite que sea escuchada por las entidades públicas y que funja también como un catalizador de procesos institucionales", indicaron.

Esto es relevante, añadieron, porque la atención y sanción de los casos de corrupción a menudo enfrentan la reacción de poderes políticos y económicos muy arraigados en el País.

Hay miedo de que el CPC se convierta en un ente burocrático y pasivo: Norma Sánchez

"Para cumplir con esta tarea novedosa de participación ciudadana, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción prevé que el Comité de Participación Ciudadana esté integrado por 'cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción'”.

De igual forma, agregaron, la citada Ley contempla que la designación de los integrantes de los CPC siga un modelo amplio de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, atendiendo a los principios de designaciones públicas, para garantizar los mejores perfiles, que cuenten con experiencia e imparcialidad.

Por eso, señalaron, preocupa a las organizaciones, y las y los ciudadanos firmantes que en los últimos días se hayan presentado diversas manifestaciones que desacreditan la experiencia y el trabajo que ha desempeñado la presidenta del CPC.

"Lo anterior debilita y deslegitima el rol del propio CPC en el sistema local anticorrupción, así como la figura de la presidencia que ostenta Norma Alicia Sánchez Castillo", asentaron.

Las organizaciones y las ciudadanas y ciudadanos que suscriben esta carta, dicen, pueden atestiguar que Norma Alicia Sánchez Castillo tiene una destacada trayectoria de más de 15 años en el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia y rendición de cuentas, tanto como periodista, así como dentro de la sociedad civil organizada.

Apuntaron que ella ha empujado y participado activamente en procesos torales como la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las leyes del sistema local anticorrupción y los ejercicios de gobierno y parlamento abierto, por mencionar solo algunos.

El rol del CPC, continuaron, implica ser una caja de resonancia de las preocupaciones de la sociedad frente a la corrupción. Algunos CPCs han buscado jugar este rol, reuniéndose periódicamente y empujando propuestas y procesos para el combate a la corrupción.

"Por ejemplo, en 2018, el CPC nacional promovió un amparo en contra de la omisión del Senado en ratificar a los magistrados anticorrupción. Hace algunas semanas también, veintiocho CPCs presentaron una carta para denunciar la ilegalidad de la designación de Rosario Piedra Ibarra para la Comisión Nacional de Derechos Humanos".

Si bien los Comités son órganos colegiados, agregaron, consideran que la falta de consenso entre sus miembros no puede ser un pretexto que impida sistemáticamente que este órgano haga eco de las exigencias y demandas ciudadanas.

Expresaron que los CPCs deben abanderar las agendas ciudadanas como son, por ejemplo, la pugna para procesos de designaciones transparentes y objetivos.

De ahí que insten a este Comité a reflexionar sobre el rol que debe de jugar en el combate a la corrupción en la situación actual, señalaron, privilegiando en todo momento su rol de ser vínculo con la ciudadanía, y a que -lejos de demeritar la trayectoria o el actuar de la presidenta actual- busque formas de apoyar su plan de trabajo y propuestas; muchas de las cuales emanan de colectivos y grupos ciudadanos.

La carta íntegra: