Viudas de policías y modificaciones a la Ley de Seguridad de Sinaloa. ¿Qué implican?

En Sinaloa, las familias de policías tienen una demanda de antaño para que las pensiones se les entreguen al 100 por ciento de lo que los elementos de seguridad ganaban en vida, además de demandas como apoyo para la educación de sus hijos. Para dar certeza de que se valieron los derechos de los policías, el Congreso de Sinaloa modificó la Ley de Seguridad, al enviar el Decreto 645 al Ejecutivo estatal, en lugar de publicarse fue observado.

A partir de estas demandas en la 63 Legislatura realizaron modificaciones a la Ley de Seguridad del Estado de Sinaloa, las cuales fueron aprobadas por mayoría, en resumidas cuentas se aprobó que al morir los elementos de seguridad, sin importar la antigüedad o la razón de muerte, reciban el 100 por ciento de la pensión.

“En el Artículo 34 se reforma la fracción primera para quedar de la siguiente manera: como derecho de los integrantes de las instituciones policiales, percibir un salario digno el cual se incrementará, cuando menos, anualmente, al mismo tiempo y de acuerdo al índice nacional del consumidor, considerado para tal efecto correspondiente al mes de enero de cada año más el 1 por ciento”, dicta el documento leído ante el Pleno del Congreso de Sinaloa.

“Ser sujetos del régimen de asistencia social para la obtención de servicios médicos, seguro de vida, gastos de funeral y vivienda. Se entenderá por asistencia social y servicios médicos, para los efectos de esta ley, los que se obtengan por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda”, prosiguen las reformas.

A partir de la aprobación de este dictamen, el 3 de junio de este año se generó el Decreto 645, enviado al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y a partir de ello que entraran en vigor las reformas para beneficio de las familias de policías.

Sin embargo, el 15 de junio, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Roxana Rubio Valdez, informó que se recibió un documento en el que el secretario de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, hizo de conocimiento que el Gobernador Quirino Ordaz López observó las reformas a la Ley de Seguridad.

El principal argumento expuesto en el Pleno fue la insuficiencia presupuestaria y que desde el Poder Ejecutivo no se entró en detalles respecto a los recursos necesarios. Dichas observaciones regresaron a la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo, en donde se revisarán.

La no publicación y por ende, entrada en vigor de las reformas, hizo que entre las víctimas se despertara el descontento y en lugar de pedir respuestas al titular del Ejecutivo, fueron el 17 de junio a irrumpir al palacio legislativo de manera violenta, resultando tres personas agredidas a su integridad, dos que trabajan en el Congreso y una del contingente, posteriormente fueron atendidas por diputados y diputadas; sin embargo, les subrayaron que siempre ha habido intención de diálogo en el Congreso, por lo que usar la violencia en ese espacio era reprobable.

El 21 de junio se instaló una mesa de trabajo en el Congreso para superar el veto del Gobernador, en el cual participan José Rosario Romero López, presidente de la Junta de Coordinación Política, así como por quienes presiden las comisiones de Hacienda Pública y Administración, Marco Antonio Zazueta Zazueta; de Seguridad Pública, Mario Rafael González Sánchez, y de Justicia, Alma Rosa Garzón Aguilar. Además de los diputados Horacio Lora Oliva, Jesús Ramón Monreal Cázares, José Antonio Crespo López y Jorge Rodríguez Ayala, así como la diputada Graciela Grijalva Castro.

De parte del Gobierno del Estado estuvieron el secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta; la subsecretaria de Egresos, Talina López Martínez; el subsecretario de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, Joel Bouciéguez Lizárraga, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Jesús Ramón Soto González.

Así como representantes de 13 municipios que son Ahome, El Fuerte, Choix, Escuinapa, Elota, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Rosario, Guasave, Navolato y Culiacán. Del municipio de Salvador Alvarado a esta mesa técnica acudió su alcaldesa, Pier Angely Camacho Montoya, y también los alcaldes de Elota, Giovani Escobar Manjarrez, y de Choix, Omar Rubén Gil Santini.

En el evento celebrado por Quirino Ordaz Coppel en el que entregó semillas de sorgo el 23 de junio, las viudas de policías se manifestaron en el lugar para que les diera respuesta al veto, pero el Gobernador reiteró que no se va a publicar por el problema económico que representaría para el estado de Sinaloa pagar los retroactivos.

Las mesas de trabajo seguirán y no se sabe para cuándo se llegará a un acuerdo para resolver el veto, así como las acciones para hacer presión por parte de las viudas que buscan que se publique.