EU acusa a dos ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal presentada ante el Distrito Este de Virginia contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu, ambos ciudadanos de China, por conspiración para cometer lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, dos de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas del continente americano.
Según documentos judiciales, desde al menos noviembre de 2016 y hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus cómplices habrían utilizado métodos clandestinos para blanquear grandes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico.
Entre los mecanismos empleados se identificaron transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación de números de serie y operaciones de blanqueo mediante transacciones comerciales.
La conspiración involucró fondos derivados de la importación y venta de estupefacientes ilícitos, incluidos cocaína y fentanilo.
La red operó con cómplices en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otras regiones del mundo.
Un gran jurado federal constituido en Alexandria, Virginia, acusó formalmente a Zhen y Wu el 24 de abril de 2025. Ambos permanecen prófugos a la fecha del anuncio público.
De ser declarados culpables, cada uno de los acusados enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
La sentencia definitiva quedará a cargo de un juez de tribunal de distrito federal, quien deberá considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales aplicables.
El anuncio fue realizado por A. Tysen Duva, Fiscal General Adjunto de la División Penal del DOJ, y por Cindy Marx, Agente Especial a Cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, con el apoyo de oficinas en ciudades de Estados Unidos como Memphis, Chicago, Nueva York, Washington y Atlanta, así como en Bogotá y Dubái.
Las fiscales Chelsea R. Rooney y Caylee E. Campbell, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, junto con el fiscal federal adjunto Edgardo J. Rodríguez, del Distrito Este de Virginia, llevan el caso.
La acusación se enmarca en la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa nacional del DOJ orientada a desmantelar cárteles y organizaciones criminales transnacionales, combatir la inmigración ilegal y proteger a las comunidades estadounidenses de la violencia organizada.
Según el DOJ, una acusación formal constituye únicamente una imputación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que su culpabilidad sea demostrada más allá de toda duda razonable ante un tribunal competente.