Trump amplía vigilancia financiera en frontera con México para combatir lavado de cárteles
El Gobierno de Donald Trump expandió el 10 de marzo la vigilancia contra el lavado de dinero de los cárteles mexicanos en la frontera con Estados Unidos, al ordenar a los negocios de servicios monetarios en los condados fronterizos más poblados reportar todas las transacciones en efectivo de entre mil y 10 mil dólares.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió una orden que amplió una norma anterior —la cual ya cubría nueve condados fronterizos— para incluir ahora al condado de Pima en Arizona y al de Doña Ana en Nuevo México. Además, la FinCEN incorporó otros tres condados que, si bien no colindan directamente con México, se encuentran dentro de su órbita geográfica: Maricopa en Arizona, y San Juan y Bernalillo en Nuevo México.
”Estamos intensificando nuestros esfuerzos para mantener el dinero del narcotráfico fuera de EU y proporcionar a las fuerzas del orden información adicional para poner a estos traficantes tras las rejas”, declaró Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro, al hacer pública la ampliación de la medida.
Según el Departamento del Tesoro, la expansión de las órdenes para cubrir a negocios de servicios monetarios en un total de 14 condados refleja la preocupación del Gobierno de Donald Trump respecto al riesgo que representan los cárteles del narcotráfico y otros actores criminales en la frontera con México.
Bajo la nueva disposición, establecimientos como casas de cambio, expendios de tarjetas con efectivo y comercios de giros postales deberán reportar las transacciones en efectivo que oscilen entre mil y 10 mil dólares.
La nueva orden estará en vigor hasta el 2 de septiembre de 2026.
Los 14 condados cubiertos son: San Diego e Imperial en California; Yuma, Santa Cruz, Pima y Maricopa en Arizona; Doña Ana, San Juan y Bernalillo en Nuevo México; y El Paso, Hidalgo, Cameron, Webb y Maverick en Texas.
La medida se inscribe en una escalada progresiva de la vigilancia financiera en la zona fronteriza.
Desde marzo de 2025, la FinCEN había emitido Órdenes de Ubicación Geográfica para un número reducido de condados en California y Texas, con el fin de obligar a los negocios de servicios monetarios a monitorear ciertas transacciones.
En septiembre de ese mismo año, la cobertura se extendió a condados seleccionados en Arizona, hasta llegar a la ampliación actual que abarca ya los principales corredores financieros de cuatro estados fronterizos.
