Gobierno de ‘El Químico’ sigue sin solventar observaciones por $819 millones del ejercicio fiscal 2020, revela la ASF

La administración que presidió en el 2020 Luis Guillermo Benítez Torres no ha solventado ante la Auditoría Superior de la Federación un posible daño al erario por 819 millones 416 mil 960 pesos, se detalla en el último reporte del órgano fiscalizador, que fue el pasado 21 de julio.

El 17 de septiembre de 2021 la ASF presentó los resultados de 834 millones 422 mil pesos que auditó del ejercicio fiscal del 2020 al Gobierno mazatleco.

Ahí se determinó un posible daño a la hacienda pública por 819 millones 416 mil 960 pesos, más los intereses financieros que se hubiesen generado desde su disposición, hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones Federales por concepto de gasto incurrido en el capítulo mil, denominado Servicios Personales.

En la página de la Plataforma de la ASF, se detalla que el Ayuntamiento de Mazatlán no ha solventado las observaciones del órgano fiscalizador federal, este último reporte fue el 21 de julio de 2022.

Aunado a esto, que está disponible en la página de la ASF, Juan Torres, Diputado Federal de Morena, solicitó a la auditoría se le proporcionara información sobre si el Ayuntamiento de Mazatlán ya había solventado dichas observaciones, y el órgano fiscalizador le respondió el 26 de agosto de este año, que de las cuatro acciones que se emitieron en la auditoría, no se había solventado ninguna, estando una en análisis y tres sin resolver.

¿Qué reportó la ASF en su revisión?

De acuerdo al reporte de la Auditoría Superior de la Federación, la administración que presidió Luis Guillermo Benítez Torres en el 2020, quien aún sigue siendo Alcalde de Mazatlán al ser reelecto, determinó que su gobierno no realizó una gestión eficiente y transparente de las Participaciones Federales a Municipios 2020.

Y eso fue debido a que en su análisis se determinó que carece de un órgano que evite actos de corrupción, además no cuenta con responsables de elaborar dictámenes sobre su gestión para cumplir sus obligaciones de transparencia y acceso a la información.

Tampoco se cuenta con un Órgano de Control Interno que identifique posibles irregularidades en el manejo del recurso público, lo cual se traduce en faltas ante la ASF.

También se incumplió con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene que ver con las adjudicaciones directas realizadas por la Comuna; se violaron los artículos 42, 43 y 70, en sus fracciones I, II y V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que habla sobre la comprobación de los gastos realizados por los municipios, además no se justifican una serie de compras que se realizaron.

El Municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las participaciones, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.

También se incumplió con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa en su Artículo 5, 15, 16 y 22, que competen a la verificación de los bienes y servicios contratados por el Municipio, así como promover metodologías de investigación para que entreguen la información requerida a los órganos fiscalizadores.

Se vulneró la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en su Artículo 4, fracción XXV., que tiene que ver con el correcto funcionamiento del Órgano Interno de Control.