Nafta, de Higuera a ‘El Químico’: crónica de un atraco a los mazatlecos

Para desenredar la bola de estambre del caso Nafta, que acabó en un desfalco de 141 millones 800 mil pesos al Gobierno de Mazatlán, es necesario jalar las hebras hasta llegar a un personaje con quien inició todo, un hombre que fue tres veces Alcalde de Mazatlán y que después de estar “muerto” en el escenario político, este 2021 “revivió” aún con más poder: Alejandro Higuera Osuna, el “Diablo Azul”.

Corría febrero del 2012, Mazatlán cerraba una época de crisis económica y violencia en las calles; se veía ya el nacimiento del “boom” inmobiliario y los primeros torrentes de bonanza por la construcción de la supercarretera Mazatlán-Durango.

Sobre alguna mesa de la burocracia municipal se firmó entonces un documento, unas hojas que daban permiso a la empresa Nafta y Lubricantes S. C. de R. L. para colocar una gasolinera en la Colonia Palos Prietos, en la esquina de la Avenida Cruz Lizárraga y calle Rafael Domínguez, a sólo unos pasos de la Avenida del Mar.

Desde el principio la aprobación “olía mal”, pues contravenía al Artículo 6 del Reglamento de Gasolineras del Gobierno de Mazatlán que prohibe la instalación de gasolineras en el paseo costero, desde el Escudo de Sinaloa hasta la glorieta de la Avenida Rafael Buelna, y a una distancia de por lo menos 100 metros del malecón.

Pero la violación no sólo era geográfica, sino que tampoco contaba con el consentimiento por escrito de los vecinos en un radio de 100 metros y no había área de amortiguamiento de hasta 30 metros de las viviendas, como obliga el Artículo 5 del Reglamento de Gasolineras.

Era la mitad del camino en la administración del Alcalde Alejandro Higuera Osuna, que había llegado al poder por el PAN y quien gobernaba Mazatlán por tercera ocasión.

A pesar de las anomalías, su director de Planeación, Carlos Venegas, entonces Director de Planeación y Desarrollo Urbano del municipio, le aprobó la gasolinera a Nafta, empresa del Grupo Arhe, un corporativo que ha cobrado fuerza empresarial y política en los últimos 10 años con empresas de distintos giros: turismo, construcción, educación, finanzas y el ramo fiscal entre otros.

Pero lo que no hizo la autoridad municipal del entonces “Diablo azul”, lo hicieron los ciudadanos, en específico los vecinos de la Colonia Palos Prietos, pues una de ellas, Ana Elba Magaña Valdez, se opuso al proyecto y emprendió una lucha legal para detener la construcción de la estación de combustible que finalmente rindió frutos en 2014, cuando un juez concedió un amparo y la suspensión definitiva de la obra.

El negocio había fracasado, en apariencia.

Pero el corporativo de los hermanos Arellano Hernández, Juan José y Érick Ernesto, no se quedó de brazos cruzados e hicieron lo que saben hacer y que les ha permitido construir el emporio económico que ahora presumen: litigar.

Ese mismo año, 2014, ya con Carlos Felton González sentado en la silla de Alcalde, que también había llegado al poder por el PAN, Grupo Arhe demandó al Gobierno municipal por los perjuicios ocasionados al aprobar una gasolinera que nunca debió aprobarse.

Desde ese momento y hasta 2020 la pelea legal entre el Gobierno de Mazatlán y la empresa Nafta y Lubricantes S. C. de R. L. se convirtió en una especie de “papa caliente” para las administraciones públicas que le sucedieron, sin importar partido político, y la iban “arrojando” entre uno y otro Alcalde sin que ninguno le pusiera punto final, sin que nadie lo remediara... hasta que un día explotó.

La “papa caliente” atravesó la administración de Felton González, a la que se le acusa de no haber contraatacado la demanda, y el 1 de enero de 2017 se le heredó a Fernando Pucheta Sánchez, del PRI, administración municipal que sí se defendió pero que no pudo lograr mucho no obstante los gastos millonarios en asesoría legal externa. El 26 de enero de 2018 el problema recayó en el también priista Joel Bouciéguez Lizárraga, y éste se la entregó felizmente a Luis Guillermo Benítez Torres, de Morena, el 31 de octubre de 2018.

Y mientras el problema legal se “pateaba” de aquí para allá, Grupo Arhe se convirtió en proveedor del mismo Ayuntamiento de Mazatlán entre enero de 2017 y octubre de 2018, pues a través de Nafta y Lubricantes S. C. de R. L. se le vendió a la administración de Pucheta Sánchez y de Bouciéguez Lizárraga un total de 79 millones de pesos en combustible, según documentó Noroeste en diciembre de 2018. O en otras palabras: se ganaba dinero como proveedor y se quería ganar más dinero como demandante a la misma figura, el pueblo de Mazatlán.

Tanto Bouciéguez Lizárraga, como su antecesor, Pucheta Sánchez (ambos priistas), violaron el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Municipio al pagar ese contrato por 79 millones de pesos a Nafta.

En octubre de 2019, un año después de haber llegado al poder, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció que no había más que hacer y que la demanda estaba perdida para el Gobierno de Mazatlán.

Aún con el juicio en proceso, Nafta siguió siendo proveedora del Ayuntamiento con “El Químico” Benítez, pues en septiembre de 2019, el Ayuntamiento que gobierna actualmente el morenista ahora reelecto pagó a Nafta otros 926 mil pesos. Y el pasado 26 de marzo del 2020, otros 483 mil pesos por facturas varias. Esto, a pesar de que públicamente el Mandatario local había declarado que el Municipio dejaría de ser cliente de la gasolinera de los hermanos Arellano.

Hubo acusaciones de que la administración morenista se había dejado perder al no agotar todos los recursos jurídicos. La sospecha se puso sobre la mesa y públicamente se dejó en claro, en más de un acto público, que había una buena relación entre Benítez Torres y los hermanos Arellano Hernández.

Tan buena relación que, en visita reciente de López Obrador a Mazatlán, el Alcalde Benítez Torres regaló al Presidente sendas casaca y gorra de beisbol de los Leones de Yucatán, equipo propiedad de los hermanos Arellano Hernández, en lugar de hacerlo del equipo del municipio que gobierna, los Venados de Mazatlán.

Para ponerle punto final a la historia, en julio de 2021 el Cabildo de Mazatlán aprobó la propuesta de pago por 141.8 millones de pesos a Nafta como resultado de la demanda, en el que ya se incluye el valor de tres terrenos municipales con el que el Ayuntamiento pretender pagar una parte: uno en calle Mariano Escobedo, en el Centro, con un valor comercial de 29.4 millones de pesos; y otros dos en Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, frente al Bosque de la Ciudad, con valor comercial de 14.3 millones y 43.7 millones de pesos.

Esto, según el dictamen de la Comisión de Hacienda del Gobierno de Mazatlán, de cuyo documento Noroeste posee una copia.

El documento final, sin embargo, el convenio, se quedó en lo “oscurito” y no se ha hecho público hasta este momento, desconociéndose si en el camino hubo modificaciones.

A casi 10 años de que se diera el permiso irregular con el que inició este caso que le está costando a los bolsillos de la ciudad, algunos personajes que estuvieron involucrados regresaron al escenario público, como Joel Bouciéguez, quien en 2019 recibió el cargo de la Subsecretaría de Gobierno en la administración estatal del Gobernador Quirino Ordaz Coppel; y el mismo Alejandro Higuera, quien coordinó la campaña de Rubén Rocha Moya para la Gubernatura.

Al día de hoy, no existe una investigación dentro del mismo Ayuntamiento. No hay detenidos. No hay investigados. Sólo un adeudo millonario que los ciudadanos de Mazatlán pagan ya y cada mes, en abonos puntuales; como se propuso para liquidar una deuda por una gasolinera que, muy seguramente, nunca hubiera dado esos rendimientos en el mismo periodo de tiempo.

De acuerdo con empresarios del giro, una gasolinera de cuatro bombas puede ganar unos 2 millones de pesos al año si es bien administrada y se encuentra en una buena ubicación. La gasolinera fallida habrá ganado 70 veces ese monto sin haber vendido un solo litro de combustible en un lapso de seis años que duró el juicio.

Dada la resolución legal, cada uno de los 500 mil mazatlecos que viven en el municipio pagará, de sus impuestos, un total de 283.6 pesos a la empresa de los hermanos Arellano Hernández para liquidar la deuda del Ayuntamiento con Nafta.

Mientras tanto, el ex Alcalde panista que autorizó una obra irregular que ahora le cuesta a los mazatlecos, Alejandro Higuera Osuna, se convertirá, muy probablemente, en el secretario particular del primer Gobernador de izquierda de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

LÍNEA DE TIEMPO: