Por demandas perdidas, no se debe contratar despachos externos, sino responsabilizar a quien están adentro: Síndica Procuradora
La solución para no tener tantas demandas perdidas por parte del Ayuntamiento de Mazatlán no es contratar despachos legales externos, sino responsabilizar a quien está adentro y darle seguimiento si se les encuentran responsabilidades, y si hay corrupción, atacarla, expresó la Síndica Procuradora Elsa Isela Bojórquez Mascareño.
“Escuché que se iba recurrir a externos, yo creo que esa no es la solución, la solución es responsabilizar a quien está adentro y darle seguimiento si les encontramos responsabilidades, y si hay corrupción, solucionar”, enfatizó.
“Si hay un agujero por donde se está yendo la corrupción, vamos buscando la manera legal para que eso no exista, ¿qué hay que hacer?, darle seguimiento a las denuncias que se dan y legalmente que los abogados dentro del Ayuntamiento cumplan legalmente y modificar algunos reglamentos que permiten que por ahí se vayan al caño de la corrupción”.
El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que el Ayuntamiento de Mazatlán enfrenta 500 demandas laborales y administrativas, y en el caso de las que definitivamente un Juez ya ordenó pagar, representan una afectación de cerca de 200 millones de pesos al erario, incluyendo los 141 millones de pesos a Nafta Lubricantes.
También dijo que ante esa situación se contempla desaparecer la Dirección Jurídica o dejar una estructura al mínimo.
La Síndica Procuradora también recordó que cuando la actual administración recibió el Ayuntamiento en el 2018, le entregaron los montos, los expedientes, millones de pesos por pagar porque ya eran demandas que ya estaban pendiente de pago, solamente, incluso ya había convenios celebrados ante tribunales, por lo que en lo que se pudo negociar, se negoció, pero en este caso fue el Jurídico del Ayuntamiento que se abocó a eso.
Es el personal del área Jurídica el responsable de darle seguimiento y cerrar los casos, y en su caso como Síndica Procuradora, observa que se haga bien el trabajo que ellos están ejecutando, y sí se dio cuenta que se habían contratado despachos legales externos y les pagaron millones de pesos para defender algunos casos que no fueron resueltos favorables al Ayuntamiento, expresó.
Bojórquez Mascareño enfatizó que hay mucho por hacer para que no haya tantas demandas laborales y administrativas perdidas por el Ayuntamiento de Mazatlán, pero se debe hacerlo y en estos tres años no se vio que se hiciera algo al respecto.
Precisó que de acuerdo con un informe del 21 de febrero de 2019 que le hicieron llegar, son 39 demandas perdidas por el Ayuntamiento de Mazatlán en las que jueces ya ordenaron que se tiene que pagar, y ya no hay otro recurso legal al que se pueda recurrir.
“(Son) 39, que habría que pagar 155 millones 794 mil, de alguna manera se han ido pagando, se han ido conveniando por parte del Jurídico, pero hay pendientes, quedan pendientes, total de dinero 241 millones 123 mil 672 pesos es lo que está”, continuó.
“Ahorita no tengo el reporte del Jurídico cuáles han sido ya pagados y conveniados y que están en proceso de pago, ese reporte no lo tengo de ellos, porque ellos son los encargados justamente de hacer eso, yo tengo ese dato”.
Para resolver el problema de la gran cantidad de demandas perdidas en la Comuna, no debe llegar al área Jurídica gente por cuestiones políticas, sino que se haga un proceso para que lleguen los mejor capacitados, que sean los más aptos, continuó.
“Claro, eso sería lo mejor, que estén probados ya, que sean abogados honestos, llevar en alto la honestidad, la responsabilidad, cumplir con la ley completamente y de hecho de eso se trata, pero desafortunadamente sabemos que todo esto que está ahorita sucediendo es justamente porque o no están los más aptos o puedan entrar en actos que pudieran ser motivo de corrupción, pero eso no lo puedo probar yo, se lo digo porque hay denuncias”, manifestó la Síndica Procuradora.
También dijo que el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán debería dar marcaje personal a estos casos de cuáles son las demandas que se han perdido, y ver si están las personas idóneas en el área Jurídica o si son por compadrazgo u otra cosa.
“Ellos (el Órgano Interno de Control) tienen la autoridad legal, investigadora, la sustanciadora, la resolutora y tienen abogados encargados de llevar a cabo todo este proceso, que tienen un mundo de trabajo, tienen expedientes ahí que incluso yo intenté hacer una revisión porque es mi facultad observar y revisar lo que están haciendo, porque me entregan un reporte cuando se les solicita y dicen hay tantos expedientes, pero muy general la información”, agregó.
“Yo creo que hace falta más apertura hacia la Sindicatura de Procuración, que al final es quien tiene la facultad constitucional, ellos tienen la autoridad y la autonomía administrativa, pero la constitucional la tiene la Sindicatura de Procuración, incluso les solicita un informe del estado actual que guardan los expedientes remitidos, y pues dan muy escueta la información”.
Precisó que en un informe que le dan le dicen que hay 7 expedientes concluidos y le han llevado más de 7 expedientes concluidos a su oficina.
“Y yo encuentro sesgo en el apuro de concluir algunos expedientes de ex funcionarios allegados al Órgano Interno de Control, entonces sí hace falta que se permita revisar más a fondo lo que está pasando en el Órgano Interno de Control, porque no son autónomos, hay una autoridad constitucional que les revisa y ese es la Sindicatura de Procuración”, reiteró Bojórquez Mascareño.
“Entonces cómo tener la información para que la gente se entere, los ciudadanos se enteren, no de los casos específicos, sino de esas generalidades que hay corrupción, cómo darte cuenta a fondo, pues tienes que verlo, que te permitan ver realmente, porque al que le dieron la autoridad constitucional los ciudadanos fue justamente a la Síndico Procurador, por eso es que yo he intentado revisar y no hay esa apertura para que los revisen”.
Recordó que además del caso de Nafta Lubricantes donde se tiene que pagar cerca de 141 millones de pesos, por el pago de un terreno para construir una escuela por un caso de hace 42 años, se tienen que pagar 37 millones de pesos, entre otros.