Sheinbaum niega prohibición de memes y defiende reforma de propiedad industrial
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los cambios a la legislación en materia de propiedad industrial no prohíben ningún meme y sostuvo que la reforma tiene como propósito la defensa del derecho de autor, en respuesta a los señalamientos sobre la denominada “Ley Antimemes”.
Durante su conferencia de prensa matutina, rechazó la caracterización que medios y organizaciones han hecho de la reforma.
“De la supuesta ‘Ley Antimemes’ que no prohíbe ningún meme, es más, es la ley de defensa de los autores, es eso, del derecho de autor”, afirmó.
Cuestionó la cobertura periodística del tema.
“Esa es la ley y no tiene nada que ver con memes, increíble que ocho columnas de un periódico diciendo mentiras, no hay un solo artículo donde se mencione eso”, señaló.
Anunció también que Luisa María Alcalde Luján aclararía el contenido del artículo relativo a la comercialización o uso ilegal de imágenes de Gobierno con fines fraudulentos.
El posicionamiento se produjo un día después de que la organización Artículo 19 advirtiera que la reforma impulsada por la mayoría de Morena en el Senado de la República podría criminalizar expresiones protegidas por la libertad de expresión.
Indicó que las disposiciones aprobadas resultan ambiguas y carecen de salvaguardas suficientes para impedir que se sancionen contenidos satíricos, críticos o informativos.
Artículo 19 explicó que la reforma contempla penas de hasta 5 años de prisión cuando el uso o imitación de la identidad gráfica gubernamental se vincule con elementos como la escala comercial, el engaño y la intención de cometer un ilícito.
Consideró que la definición del nuevo delito incumple los principios de claridad, precisión y taxatividad exigidos en materia penal, lo que abriría la puerta a interpretaciones amplias.
“La criminalización de la libertad de expresión mediante reformas penales ambiguas y carentes de salvaguardas suficientes no tiene cabida en una sociedad democrática”, sostuvo.
Alertó sobre el posible uso de esas disposiciones contra periodistas, activistas y otras personas que empleen elementos de la identidad gráfica gubernamental.
La organización reconoció que la reforma puede perseguir una finalidad legítima, como la prevención de fraudes, pero planteó que el Estado debe justificar la necesidad de imponer penas de prisión y demostrar que otros mecanismos no penales resultan insuficientes.
Por ello llamó a la Cámara de Diputados a rechazar la reforma en su totalidad.
