Seguramente hoy, nuestras autoridades harán el anuncio de que sí hay condiciones sanitarias para que se realice el Carnaval de Mazatlán, desafiando todas las posibles alertas sanitarias encendidas por la “cuarta ola” de contagios del Covid-19.
Enrocado, esgrimiendo cifras públicas o escondidas, se quedará el Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, el único que ha mantenido su postura en contra de la gran fiesta mazatleca, una aparente coherencia con los principios de su puesto.
Del otro lado se encuentra el Alcalde mazatleco, Luis Guillermo “El Químico” Benítez, principal defensor del Carnaval y sobreviviente, hasta en dos ocasiones, del virus del Covid y de sus encontronazos con otros poderes políticos sinaloenses.
En medio se encuentra el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien al principio había mantenido una postura de fuerza contra la fiesta, que aglutina a miles de personas, durante seis días, y que poco a poco ha ido aceptando que la fiesta se realice.
Alrededor de la fiesta se ha dicho de todo, siempre esgrimiendo los protocolos sanitarios como el argumento final para tomar la decisión de hacerlo o no, pero en realidad la política sigue siendo el principal recurso para tomar decisiones que afectan a miles de personas.
Dentro de las personas que están decidiendo la vida o la muerte de las personas que se sentirán atraídas por la fiesta sólo están políticos, ningún ciudadano y acaso algún especialista.
Al Secretario de Salud lo mueve su enfrentamiento político en contra del Alcalde mazatleco, al Alcalde, por su parte, lo mueven los intereses que genera el Carnaval, y el Gobernador juega a ser el árbitro de la contienda, mientras contabiliza su propia estrategia.
Al final, la estrategia de retrasar decisión ha servido para llegar con cifras de contagios a la baja, muertos más o muertos menos no importan, nunca han importado.
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