Tesoro de EU sanciona a ‘El Mayito Flaco’ y a red política en Baja California
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, líder de la facción “Los Mayos”, y Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de la Gobernadora de Baja California, señalado como operador político al servicio de la organización criminal.
Las designaciones se emitieron conforme a la Orden Ejecutiva 14059, que persigue la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y conforme a la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886, dirigida contra terroristas y sus simpatizantes.
El paquete abarca a los jefes de plaza de Tijuana y Mexicali, a lavadores de dinero, a casas de cambio, a empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento, y a funcionarios mexicanos acusados de recibir sobornos.
Zambada Sicairos, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, nació en Anaheim, California, en 1982 y asumió el mando de “Los Mayos” tras la detención de su padre, Ismael Zambada García, “El Mayo”, ocurrida en julio de 2024.
En 2001 tramitó un cambio de nombre en Estados Unidos a Fernando Sicairos Aispuro.
Un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó formalmente en julio de 2014 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
Permanece prófugo en México y dirige las actividades delictivas del grupo, que incluyen narcotráfico, homicidio, extorsión, corrupción y secuestro.
“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del Gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró Scott Bessent, Secretario del Tesoro.
“Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, añadió.
El núcleo de la trama política se ubica en Mexicali, plaza dominada por Los Rusos, subfacción de “Los Mayos” comandada por Juan José Ponce Félix, también identificado como Jesús Alexandro Sánchez Félix y conocido como “El Ruso”.
Según el comunicado del Departamento del Tesoro, Torres Torres mantiene una alianza con “El Ruso” y utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y protegerlo de la intervención gubernamental y policial en Baja California.
El Departamento de Estado le revocó la visa estadounidense en mayo de 2025 por su afiliación al cártel.
También fue designado Pedro Ariel Mendívil García, ex Director de Seguridad Pública de Mexicali, quien habría recibido sobornos de “El Ruso” a cambio de entregar el control de la Policía Municipal al Cártel de Sinaloa para facilitar el narcotráfico y ejecutar operaciones de sicariato.
Torres Torres habría recibido pagos mensuales de Mendivil García para permitir que la organización operara con relativa impunidad en el estado.
Luis Alfonso Torres Torres, hermano del operador político, fue señalado como responsable de recibir esos sobornos y blanquear los fondos a través de empresas y campañas políticas.
La red incluye a Rafael Buenrostro Martín, originario de Mexicali, ex funcionario de aduanas en Chihuahua y ex asesor legislativo del Gobierno de Baja California, quien proporcionó favores políticos e influencia a cambio de sobornos al líder del cártel José Ángel Rivera Zazueta, designado desde el 30 de enero de 2023 y redesignado en esta acción.
Rivera Zazueta es propietario de la casa de cambio Mia Centro Cambiario, S.A. de C.V. y de la empresa de transporte Rivos Servicios, S.A. de C.V., ambas incluidas en la lista.
En Tijuana, la OFAC redesignó a los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, sancionados originalmente el 9 de agosto de 2023 y acusados formalmente en julio de 2014 en el Distrito Sur de California.
En febrero de 2026, el Departamento de Justicia y el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado anunciaron la apertura de una acusación sustitutiva contra “La Rana” por narcoterrorismo.
El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de cada uno de los hermanos Arzate García, y hasta 5 millones de dólares por Ponce Félix.
Entre los lugartenientes designados figuran Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”, Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”, responsables de ejecutar acciones violentas y de administrar la producción y el transporte de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Ilia Elizabeth Félix Rivera, pareja sentimental de Martínez Rodríguez, opera la casa de cambio Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., conocida como Magic Casa de Cambio, mediante la cual recolecta efectivo del narcotráfico en el sur de California y realiza transacciones espejo.
El anterior propietario del negocio y ex esposo de Félix Rivera, Omar Guadalupe Ayón Díaz, fue arrestado por lavar más de 45 millones de dólares y asesinado en Tijuana en octubre de 2023 por órdenes de “Gordo Flubber”.
El círculo más cercano de Zambada Sicairos quedó igualmente alcanzado: Hildegardo Gastelum García, “Aldo”, propietario de un negocio hotelero en Culiacán a quien señala de financiar la guerra contra “Los Chapitos”; los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, actual jefe de seguridad de “Los Mayos”, y Francisco Javier Mendoza Uriarte; y Lorenzo Castillo Maldonado, quien cumplía cadena perpetua en una prisión mexicana cuando individuos ligados al cártel sobornaron a funcionarios para obtener su liberación.
Como consecuencia de las designaciones, quedan bloqueados todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas señaladas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, así como cualquier entidad participada en 50 por ciento o más por los designados.
Las infracciones podrán derivar en sanciones civiles o penales, y las instituciones financieras extranjeras que realicen transacciones significativas en beneficio de los designados quedan expuestas a sanciones secundarias.
