"En un hecho inédito en Sinaloa, tumban a magistrado Torres Ulloa y ordenan reinstalar a Lucila Ayala"
Casi a la medianoche del jueves, la 63 Legislatura de Sinaloa dejó sin efecto el nombramiento de Héctor Samuel Torres Ulloa como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Y, al mismo tiempo, se pidió la reinstalación en esta magistratura de Lucila Ayala de Moreschi.
Se trata de un hecho inédito en la historia de Sinaloa.
La controversia inició con el amparo interpuesto por Ayala de Moreschi, luego de que la pasada Legislatura le negara la ratificación.
El Poder Judicial federal dio la razón a la abogada, tras dos años de batalla jurídica.
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Esta acusó que hubo un “proceso viciado”, en cual se “confabularon” el Gobierno del Estado y el Congreso local, para designar a Torres Ulloa, allegado del Secretario de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores.
Al Congreso se le dio un plazo de 72 horas, que vencía a las 24:00 horas del jueves, para que cumpliera con este mandato.
Cerca de las 14:00 horas el presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral Rodríguez, ordenó un “receso indefinido”, el cual se prolongaría por más de 10 horas.
Esto con la finalidad de elaborar el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de llegar a acuerdos en la Junta de Coordinación Política, para aclarar dudas respecto a los resolutivos de la sentencia.
En comisión el dictamen fue votado en contra por la priista Gloria Himelda Félix y a favor por tres, Victoria Sánchez y Flora Miranda, de Morena, y Edgar González, del PRD.
Horacio Lora, el presidente de la misma, tuvo que salir del país por motivos personales.
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Posterior a esta votación, el bloque priista abandonó el edificio del Congreso, sin justificar su ausencia. Los priistas ya no contestaron los teléfonos, ni de los reporteros ni de diputados.
También se fueron la panista Roxana Rubio, así como Karla Montero y José Manuel Valenzuela, sin partido; asimismo, Edgar González, del PRD, quien incluso había firmado el dictamen, el petista Eleno Flores; Angélica Díaz, del PAS, y dos morenistas, Fernando Mascareño y Mariana Rojo.
A todos ellos Flora Miranda, secretaria de la Mesa Directiva, les estuvo marcando en la tribuna, delante de los presentes, para reanudar la sesión y dar cumplimiento a la sentencia judicial.
Pero la mayoría apagó su celular y hubo quienes se reportaron “enfermos”, de último momento.
Para Miranda Leal, de Morena, fue clara la intención de reventar el quórum de los diputados que se ausentaron, para que el Congreso entrara en desacato judicial.
Finalmente, después de las 22:00 horas Almaral Rodríguez reanudó la sesión, sólo con 20 diputados, incluyéndolo a él, para desahogar el dictamen, que fue votado por la unanimidad de los presentes.
En este se aprueban cuatro resolutivos.
El primero de éstos, en que se deja insubsistente un oficio de fecha 31 de marzo de 2017, el cual contiene la negativa de incoar el procedimiento de ratificación solicitado por Lucila Ayala de Moreschi, mediante escrito presentado ante el Congreso del Estado de Sinaloa, el 6 de enero de 2017.
El segundo resolutivo ordena acatar en la esfera de competencia del Congreso del Estado lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.
En este se prevé que “los magistrados durarán en su encargo seis años, pudiendo ser designados nuevamente por un periodo igual, y deberán permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta su nueva designación o hasta que se designe a quien deba sustituirlos…”.
En un tercer resolutivo se le ordena al Congreso del Estado, para que en su “momento procesal oportuno”, realice el procedimiento para la designación de la magistratura.
En un cuarto se deja sin efectos el procedimiento de designación del Doctor Héctor Samuel Torres Ulloa para sustituir a la Doctora Lucila Ayala de Moreschi.
En el quinto punto se pide notificar el acuerdo al Magistrado Torres Ulloa, al Tribunal de Justicia Administrativa, al Ejecutivo del Estado y a la C. Lucila Ayala de Moreschi.
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