"Ordena juez suspensión provisional de la planta de fertilizantes en Topolobampo"

LOS MOCHIS._ Un Juez de Distrito ordenó la suspensión provisional de la planta de fertilizantes en Topolobampo, que es promovida por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de Grupo ProMan en México.

El abogado Máximo Montes Quintero explicó que el Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa promovió un juicio de amparo en virtud de que no se les consultó para la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental, como se establece en el Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

"Se logró que el día lunes se concediera la suspensión provisional de los actos reclamados, para efectos de que se suspenda toda la operación de la planta. La vida jurídica de esta suspensión provisional es hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva", expuso.

El amparo se promovió ante el Juzgado Sexto de Distrito contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la resolución en materia de impacto y riesgo ambiental mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/03576, con fecha del 16 de abril del 2014, en la que se aprueba el proyecto.

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El Juez de Distrito fijó una audiencia incidental para la mañana de este lunes, sin embargo, Montes Quintero consideró que pueda ser diferida más de 20 días, debido a que Semarnat no tendrá tiempo para enviar su informe.

"En esa audiencia se supone que se debe de resolver si se concede o se niega la suspensión definitiva, pero como las autoridades responsables tienen su oficina en la Ciudad de México, es muy difícil, por no decir que imposible, que logre llegar el oficio que se les envió vía correo certificado, donde el Juez los requiere para que rinda un informe previo", señaló.

El jurista, ex presidente del Colegio de Abogados de Los Mochis 'Alberto Sánchez González', indicó que si se concede el amparo, quedará sin efecto la Manifestación de Impacto Ambiental, y estimó que es muy probable que proceda.

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La tarde de este viernes, un actuario del Juzgado Sexto de Distrito realizará una inspección ocular en las instalaciones de la planta de fertilizantes.

Máximo Montes Quintero reveló que preparan más recursos legales para impedir la construcción y operación de la planta.

"En este amparo no estamos atacando las irregularidades que hay en esa autorización, simplemente que no se les consultó a las comunidades indígenas. Tenemos otros amparos ya preparados, que próximamente vamos a interponer, donde ya vamos a atacar esas irregularidades, esas inconsistencias que haya, o esas violaciones que hubo a diferentes normas oficiales y legislación en materia ambiental", dijo.

Indicó que las seis cooperativas pesqueras que integran la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Norte de Sinaloa Sur de Sonora, interpusieron denuncias ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental el 30 de abril, con respecto a irregularidades en la adquisición de los terrenos para la construcción de la planta.

"Si se encuentra alguna irregularidad en la adquisición de esos terrenos, se iniciará un proceso de cancelación de esa Manifestación de Impacto Ambiental", mencionó.

La próxima semana viajará a la Ciudad de México para revisar el avance de esas denuncias.

VAMOS A LUCHAR HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO: INDÍGENAS

Librado Bacasegua Elenes, presidente del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa, opinó que los más de tres mil indígenas que habitan en Lázaro Cárdenas, Paredones, Ohuira y Topolobampo, serán los más afectados con la operación de la planta de fertilizantes, a la cual calificó como 'de alta peligrosidad'.

"No hubo consulta hacia las etnias y a las organizaciones indígenas, y nosotros tomamos el acuerdo de someter este amparo para que nos tomen en cuenta. Vamos a luchar hasta el último momento para que no se lleve a cabo esa planta que se piensa instalar en la Bahía de Ohuira", sentenció.

La consulta se estimó innecesaria: GPO

En reacción al anuncio de la suspensión temporal de la planta de fertilizantes, Gas y Petroquímica de Occidente difundió un comunicado en el que asegura que las autoridades responsables consideraron innecesario realizar la consulta a las comunidades indígenas.

"Sobre la consulta indígena, la autoridad involucrada estimó innecesaria su realización, sin embargo, desde 2014 hemos sostenido con regularidad encuentros y consultas con diversos grupos sociales, los cuales tenemos documentados", se lee en el documento.

La empresa, subsidiaria de Grupo ProMan en México, asegura que es prioritario cumplir con transparencia todas sus obligaciones y compromisos en cualquier país.

En este sentido, señala que todos los requisitos 'han sido entregados en tiempo y forma', y estarán atentos a las solicitudes de las autoridades 'para contar con un proceso eficaz y poder continuar con el desarrollo del proyecto de acuerdo con la normativa'.

Además, afirma que trabaja 'con los más altos estándares de calidad y tecnología de punta, inclusive por encima de las normas dispuestas por las autoridades', desestimando la posibilidad de un accidente.

"En GPO entendemos que existen inquietudes con un proyecto de esta magnitud, por lo que reiteramos nuestra política de diálogo para informar y comunicar sobre el desarrollo de la planta a la comunidad", se cita.