"Propuso Villarreal a Gobierno pagar $2 millones por desvío de $260 millones; Jueza niega detener proceso"
El ex Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno estatal, Armando Villarreal Ibarra, y dos de sus ex colaboradores, propusieron al Gobierno del Estado pagar una multa de 2 millones de pesos para reparar el daño ocasionado por el desvío de casi 260 millones de pesos, y aunque el Gobierno estatal aceptó, una Juez de control les negó tal propuesta para suspender el proceso penal.
El Gobierno estatal, vía el Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; el Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, y la Fiscal Anticorrupción, Reyna Angulo, había aceptado el acuerdo con el que sólo se cubría un 7% del desvío, pero la Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada consideró “inmoral” un trato de este tipo.
La base legal que expuso la Jueza es que el delito cometido por los ex funcionarios malovistas tiene agravante, por lo que no es candidato a la suspensión condicional del proceso.
Buscamos que quede claro todo: Armando Villarreal
La audiencia se realizó el miércoles a mediodía en el Centro de Justicia de Culiacán, y además de Villarreal Ibarra, acudieron el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez, acompañados por sus abogados defensores.
Ismael Carreón Ruelas, quien se presentó como apoderado legal de Gobierno del Estado, dijo estar de acuerdo con las propuestas.
Lo mismo sucedió con Librado Romero Martínez, fiscal encargado del caso desde la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa.
Al momento de explicar su plan de reparación del daño, los imputados se dijeron dispuestos a pagar 2 millones de pesos, ofrecer una disculpa pública a la ciudadanía, residir por seis meses un domicilio determinado, no viajar al extranjero y firmar cada dos meses en la Unidad de Medidas Cautelares.
Pero la Juez negó la suspensión del proceso, pese a la protesta de los abogados defensores, debido a que la pena de los delitos cometidos sí superan la media de 5 años de prisión.
“¿Por qué está disparidad? Presentan denuncia por 300 millones de pesos y aquí vienen con que va quedar en 2 millones. Es una parte ínfima respecto al daño, ¿qué pasó con los otros millones?”, dijo la Jueza, según publicaron medios locales que estuvieron presentes en la audiencia.
Vinculan a proceso a Armando Villarreal, ex titular de Finanzas de Gobierno de Malova
A diferencia de otros casos, aquí la Jueza cuestionó sobre quiénes habían sido los responsables de la negociación y aceptación para la reparación del daño, y el representante legal del Gobierno del Estado, Ismael Carreón Ruelas fue quien dio los nombres de los secretarios y la fiscal.
También la falta de formalidad de la Fiscalía y del apoderado legal de Gobierno del Estado al no presentar documentos expresos de los titulares que participaron en la negociación.
Ni el representante jurídico ni los fiscales tenían una autorización por escrito de parte de sus superiores para aceptar los tratos, pese a que se haya aprobado de forma previa entre ellos y los señalados.
“¿A usted quién le dijo que podía otorgar un acuerdo de ese tipo?”, preguntó la Jueza a Ismael Carreón Ruelas.
“Fue un acuerdo entre el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Administración y Finanzas”, respondió el funcionario de Gobierno del Estado.
“De forma explícita, ¿quiénes fueron?”, inquirió la jueza.
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“Son Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, y Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas”, dijo el funcionario.
“¿Y a usted, Fiscal, quién le dio la autorización para aceptar un acuerdo?”, cuestionó a Romero Martínez, quien contestó que en ese acuerdo que hicieron entre la defensa y Gobierno del Estado estuvo la Fiscal Anticorrupción (Reyna Angulo Valenzuela).
La Jueza programó una nueva fecha para el próximo 7 de febrero a las 13:00 horas, en donde se deberá preguntar por escrito la justificación, por parte de la Fiscal Anticorrupción, de haber aceptado el trato, ya que le parecía un trato “inmoral”.
LOS PASOS DE UN PACTO ‘INMORAL’
- Se trata del desvío de 293.5 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas en 2016, cuando Mario López Valdez (Malova) era aún Gobernador.
- El caso se inició con la auditoría 007/2017, que realizó la ASE, por lo que interpuso denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, y se logró una orden de aprehensión en agosto de 2018
- Tras una serie de presentaciones de funcionarios y solicitudes de perdón, se hizo un acuerdo entre funcionarios de la actual administración de Quirino Ordaz Coppel y los ex funcionarios malovistas
- El acuerdo consistió en otorgar una suspensión condicional del proceso, que permitiría evitar la cárcel a los tres ex funcionarios, a cambio de una reparación que consiste en pagar entre los tres 2 millones de pesos
- También ofrecieron durante seis meses permanecer en Sinaloa y en el mismo domicilio donde habitan actualmente y abstenerse de viajar al extranjero, y ofrecer una disculpa pública en un medio de comunicación que elija Gobierno del Estado.
- La Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada consideró ayer un asunto “inmoral” autorizar ese trato, por lo que no aceptó suspender el proceso y el próximo 7 de febrero habrá otra audiencia.
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