¡A la deriva, el Control de la Corrupción! en México

El escándalo mayúsculo que se ha suscitado ante las denuncias de corrupción, nada menos que de la presidenta del INE, justo en vísperas de la próxima elección de diputados federales, de varios gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y regidores de los ayuntamientos, ha puesto en evidencia la debilidad del Sistema de la Prevención y el Control de la Corrupción en toda la Administración Pública de México.

Lo curioso del caso es que las denuncias y aportación de pruebas contra la presidenta del INE no proviene de los órganos oficiales de vigilancia, sino de periodistas, columnistas y de las redes de comunicación; fueron de tal magnitud y certeza las pruebas, que hasta la Presidenta Sheinbaum tuvo que reconocer la necesidad de que se investigara a fondo la gestión de la señora Guadalupe Taddei Zavala, pues no sólo se evidenciaron contratos simulados y concedidos en exceso a un personaje ”favorecido”, el empresario José Alfredo Hernández Casillas, sobre lo cual “por causas desconocidas”, se hicieron públicos algunos videos mostrando a los hijos de Guadalupe Taddei en un avión rumbo a París, derrochando dinero que les fue proporcionado por el mencionado Hernández Casillas y con ello “se abrió la caja de pandora”.

Ahora la Auditoría Superior de la Federación investiga contratos del INE por 514 millones de pesos por triangulación de recursos, contratos inexistentes y operaciones sancionadas por el SAT; además, la Unidad de Investigación Financiera “investiga simulación de competencias y triangulación de recursos con empresas con características de factureras, por lo que ya fueron destituidos el titular de la Unidad de Género, el director de Recursos Materiales y el coordinador de Informática y está también “en la mira” según el Diario 24 Horas, “Osvaldo Acuña Serrano, el encargado de manejar las finanzas del INE”.

Ante este caso tan sensible, obligaría a las autoridades a replantear los necesarios controles de vigilancia, desde las políticas públicas, los programas y la actuación de los funcionarios públicos; se estaría hablando de restablecer y reconocer la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción con que se contaba antes de estos dos sexenios de la 4T, Sistema que contaba con varios niveles de prevención, control, denuncia y sanción:

1. El primer nivel lo constituye el adecuado nombramiento de los funcionarios administrativos y políticos responsables del manejo de los recursos y de la normatividad, procedimientos y sistematización.

2. El segundo nivel lo constituye el Control Interno, a través del cual, los funcionarios se vigilan y controlan entre sí, para no verse involucrados en el caso de malos manejos.

3. El tercer nivel lo constituyen los Órganos Internos de Control, cuyo director y principales funcionarios serían designados por autoridad superior, como la Secretaría de la Función Pública y se encargarían de las revisiones y auditorias ”in situ” y en tiempo real, de modo de detener a tiempo actos de corrupción. Estos dos puntos constituyen el ámbito interno de control y reportarían ante el Ejecutivo.

4. El cuarto nivel ya sería de naturaleza externa, la Auditoría Superior de la Federación, que dependería de la Cámara de Diputados, ante la cual informaría del resultado de sus propias revisiones y auditorías al Poder Ejecutivo y ejercería sanciones según la gravedad del caso.

5. El quinto nivel lo constituiría los Órganos Ciudadanos independientes que constituye el todavía existente Sistema Nacional Anticorrupción, que además también vigilaría a Estados y Municipios, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, tanto federales como estatales e informaría a la ciudadanía y tendría capacidad de denunciar hasta gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados federales y estatales.

6. El sexto nivel lo constituye la vigilancia social, los ciudadanos organizados o individualmente, quienes, al conocer los actos indebidos de los funcionarios públicos, tengan la capacidad de presentar denuncias a los diferentes órganos ya mencionados y a la ciudadanía en general.

7. Por último y no menos importante, estarían los tribunales del Poder Judicial, vigilantes de que no haya impunidad ni opacidad y emitan sanciones definitorias ante los actos de corrupción comprobados.

Todo lo anterior estaría fundamentado en la estructura jurídica correspondiente, pues la corrupción tiene muchas “salidas” que deben cubrirse con leyes, sistemas y sanciones.