Alerta en Sinaloa por feminicidios
Código rojo para la Gobernadora
Sin mayor trámite, porque el tiempo postergado implica el riesgo de que se agreguen otras víctimas, los gobiernos federal y estatal deben activar la alerta por violencia de género en Sinaloa fundada en que se acerca a 100 el número de mujeres privadas de la vida durante 2026, y en la mayoría de los casos los perpetradores andan libres erigiéndose cada día más en amenaza pública. En consideración de la acometida violenta que es directa contra el sector femenino, apremia que sea declarada la emergencia que permita fortalecer la prevención y contención.
El problema está en que el Gobierno federal, a cuyo cargo está la pacificación de Sinaloa, le rehúye a la activación de mecanismos que le añadan a la de por sí terrible percepción de inseguridad. Va en sentido contrario de la medida que proponen diferentes sectores frente a los 95 ataques letales contra mujeres perpetrados en ocho meses y medio de 2026, con el pavoroso septiembre que en la primera quincena registró 16 casos.
Inclusive desde 2025 la Secretaría de Gobernación tuvo elementos y razones de sobra para proceder a la declaratoria en Sinaloa de dicha alerta, ya que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres acopió la información ministerial que advertía de la amenaza de que los atentados del crimen contra la población femenina escalaran a los niveles actuales.
No lo hizo y será difícil que lo haga ahora en acato a uno de los tantos gritos de auxilio que expele la tierra de los once ríos sometida durante 738 días a la narcoguerra interna del narcotráfico. Por tal razón la Gobernadora Graciela Domínguez Nava tendría que llevar a Palacio Nacional la premisa de que la seguridad pública no es cosa que deba implorarse; es evicción constitucional que el Estado está obligado a cumplir sin regateos ni esté sujeta a estiras y aflojas del poder público.
La presente emergencia sinaloense no admite criterios oficinescos en asuntos que reclaman la atención con políticas públicas respondientes a esta derivación de la narcoguerra de nunca acabar. Aquí no cabe la justificante de que las asesinadas forman parte de legiones femeninas vinculadas al crimen organizado, porque entre las víctimas hay bastantes mujeres dedicadas a actividades legítimas como son los casos, sólo por ofrecer algunos ejemplos, de las tres maestras asesinadas recientemente, una en Culiacán y dos en Escuinapa y la atleta paralímpica Grecia Guadalupe, inmolada a los 14 años de edad.
Domínguez Nava tiene ante sí el reto de convencer a la Mesa estatal y al Gabinete nacional en materia de seguridad pública para que sean sensibles ante la circunstancia que lastima a Sinaloa. La estadística oficial, que en 2025 reconoció la comisión de 73 feminicidios y en tres trimestres de 2026 fue rebasado con mucho dicho indicador, es la prueba fehaciente de que las instituciones y quienes las presiden están empeñados en permanecer de brazos cruzados.
O qué nos diga la SeGob a los sinaloenses cuántas mujeres inmoladas necesita sumar para salir de la desidia gubernamental y acudir a Sinaloa sin demora con la gran intervención que corte de tajo este referente brutal que nos ocasiona que el mundo crea que somos un pueblo inhumano. La comunidad internacional nos asume como la interminable secuencia de nota roja, sin notar los esfuerzos de los pacíficos para transponer el narcoumbral.
Es decir, para qué profundizar y seguir siendo superficiales, someter a análisis evasivos y retrasar con subterfugios burocráticos las soluciones a la cruel veracidad donde la delincuencia organizada apunta sus armas contra mujeres sinaloenses y no paga las las correspondientes consecuencias jurídicas. Se ve a leguas que la intención nada tiene que ver con los protocolos de clasificación entre feminicidios u homicidios consuetudinarios, sino de la maniobra administrativa que oculte en lo posible ese rasgo atroz de la barbarie de dos años y ocho días.
Ojo con el tema. La alerta por violencia de género haría posible que Sinaloa disponga de medidas urgentes coordinadas entre lo federal, estatal y municipal para atender este tipo de crisis en determinadas regiones del País, específicamente en Escuinapa, Culiacán y Mazatlán. En el propósito de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, serían instrumentados recursos humanos, financieros y técnicos, así como estrategias especializadas en la materia.
¿Por qué todavía no tenemos esas acciones aquí? Los hechos no tardan en acelerar el aparato nacional para que venga a hacerse cargo de la alerta por feminicidios.
Al marcarle alto a las alertas,
Y vía libre a feminicidios,
El Gobierno asume que las muertas,
Sólo son uno más de sus fastidios.
En la víspera de que Claudia Sheinbaum Pardo esté en Culiacán, la reunión de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava con la Presidenta se traducirá en acciones que en los próximos días se reflejarán en la reconfiguración del Gabinete estatal, programas específicos para la atención de los sectores más afectados por la violencia, y estrategias que a través de lo local mejoren la percepción ciudadana respecto al régimen de la Cuarta Transformación. Pasaditos los 20 días de que tomó el cargo, la actual Mandataria sinaloense recibió indicaciones de la Jefa del Ejecutivo federal sobre cómo será la transición política a concretarse de aquí al 31 de octubre de 2027. Atentos a las señales claras que responderán a varias preguntas en el aire sobre la gestión emergente de Domínguez.
