Intacta la práctica de ‘cachorros’ al poder. Jesús Estrada hijo y la ventaja del apellido

A los políticos en funciones de gobierno lo mejor que les puede aportar la familia es marcar la distancia prudente con la función pública y afianzar el vínculo parental en lo íntimo como única forma de acompañamiento. En este formato ético que separa a la estirpe de lo gubernativo resulta extraño e intriga el nombramiento de Jesús Manuel Estrada López, hijo del Alcalde de Culiacán, como director general del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social.

Una acotación pertinente desde el inicio. Tal vez se trate de un excelente perfil para desempeñar el servicio público, o el muchacho sea un crack en la materia que toma a su cargo, y tal vez ni siquiera medió la recomendación del padre para que se integrara al equipo de Ruth Díaz Gurría, Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del gobierno de Rubén Rocha Moya. Entonces lo que hay que analizar es la posible existencia de conflicto de interés.

Sí lo hay. Por ejemplo, la dependencia en cuya estructura se incrusta a Estrada López es la encargada de analizar la viabilidad financiera del proyecto para implementar el Metrobús en Culiacán, técnicamente conocido como Sistema Integrado de Transporte Público, al cual por cierto se le ha anexado la nota de “sujeto a disponibilidad de recursos públicos” en el apartado que ocupa dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2022 que el Gobernador Rocha Moya puso a consideración del Congreso del Estado.

Además, desde el Isdesol se trazan líneas de colaboración con los 18 Ayuntamientos, entre ellos el de Culiacán. ¿En cuál posición se formará Estrada López cuando desde su puesto en el Gobierno del Estado tenga qué decidir las solicitudes que formule el Alcalde del municipio central? ¿Habrá el trato condescendiente del hijo al padre? ¿Le impondrá el funcionario estatal al edil culiacanense la regla de igualdad de condiciones para todos los municipios?

Alguien que piense mal, y sobra quién lo haga y también acierte, resolverá que intervino Jesús Estrada Ferreiro para abrirle paso al hijo en el servicio público, o si acaso no lo hizo directamente sí intercedió la influencia que el Alcalde tiene en el círculo del Movimiento Regeneración Nacional donde se toman las decisiones de gobierno. Y en la última de las conjeturas podría ser que los estrategas políticos del régimen rochista hayan creído que a través de premiar al “cachorro” pueden tranquilizar al Presidente Municipal en la permanente embestida verbal contra el Gobernador y los diputados de su mismo partido.

¿Quién debió cuidar a quién? ¿Estrada Ferreiro alejando al hijo de la sospecha de tráfico de influencias? ¿O el hijo dando la cuota de decoro que corresponde para que el padre transite por el gobierno sin la mácula del nepotismo terciado? Mucho ojo con esto todos los parientes y allegados al Gobernador y los alcaldes que apuestan en el viejo juego de intereses donde el acceso de uno a altos niveles del servicio público significa el asalto de todo el linaje a los aparatos públicos.

El caso de Jesús Manuel Estrada López remueve polvos de aquellos lodos donde los apellidos se transforman en manadas que van juntas al usufructo de los espacios de gobierno. Los hijos, hermanos, sobrinos, yernos y nueras logran seis “años de hidalgo” y paradójicamente muchos hombres y mujeres preparados y de buena fe para desempeñar esos mismos cargos son relegados por no poseer la llave maestra del parentesco con el político empoderado.

En la conformación de los equipos de trabajo de cualquier gobierno deben acelerarse los mecanismos para que las capacidades y trayectorias cuentan más que los parentescos. Diciéndolo de manera más directa, la familia estorba cuando pretende tomar tajadas del pastel político que constitucionalmente le corresponde a quien lo obtuvo por veredicto del voto. El sufragio decide por una persona, por un partido, no por descendencias ni vínculos consanguíneos. Por eso el núcleo hogareño debe asumir el cuidado recíproco donde la familia cuide la imagen del gobernante y éste blinde a su prole de escándalos por tráfico de influencias.

La vieja camarilla del poder en Sinaloa lo había entendido de mejor manera ya que, por ejemplo, Juan Millán Lizárraga les evitó a los hijos ser protagonistas o beneficiarios directos del sexenio 1999-2004, aunque una vez terminado ese período sí proyectó a Juan Ernesto Millán Pietsch a cargos de gobierno, e igual lo hizo Francisco Labastida Ochoa con sus hijos, Francisco y Rocío, que en su administración le evitaron la incomodidad del parentesco remunerado y en el mandato de Mario López Valdez los dos tuvieron oportunidades que sólo da el apellido.

Parecía que los tiempos habían cambiado ¿y no? La parentocracia sigue muy por encima de la meritocracia al persistir, en plena era de la llamada Cuarta Transformación, el criterio de que a la casta familiar se le arropa desde el Gobierno a pesar de tratarse de una práctica tan nociva para el que cobija como para el cobijado.

A ninguno le dará el patatús,

Por aceptar el convenio inaudito:

El Alcalde no tendrá su Metrobús,

Pero el hijo sí un metrobusito.

Inadmisible cualquier descuido en seguridad pública en esta época en que históricamente se disparan los delitos dirigidos a los sectores económicos y financieros, así como a la afectación del patrimonio de terceros. Injustificable que el primer hecho de alto impacto de esta temporada de violencia decembrina le haya costado la vida a un ejecutivo bancario cuyo esfuerzo para sacar adelante a la familia fue interrumpido por la irracionalidad criminal. Es el momento de que toda la fuerza pública disponible salga a proteger a los sinaloenses de bien.