Acusaciones de EU son oportunidad para limpiar la vida pública de Sinaloa: CESP
El coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública señaló que la actual coyuntura debe aprovecharse para aclarar los señalamientos y avanzar en el fortalecimiento de las corporaciones encargadas de garantizar la seguridad y la procuración de justicia.
“Aprovechar ese tiempo, no solamente para que se aclaren las cosas, sino para también para que se le dé lo que le corresponde a esas instituciones que por mucho tiempo se han debilitado”, expresó.
Indicó que los cuestionamientos, incluidos los dirigidos a integrantes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, deben investigarse para dejar en claro qué ocurrió y qué no ocurrió.
“Es una buena oportunidad para de una vez y para siempre dejar claro qué fue lo que pasó y qué fue lo que no pasó”.
Sostuvo que, más allá de los nombres y de las coyunturas políticas, lo importante es consolidar instituciones sólidas que puedan responder con continuidad y eficacia.
Respecto a las voces que han planteado la desaparición de poderes en Sinaloa, Calderón Quevedo afirmó que el organismo ciudadano no participa en debates político-electorales y mantiene su postura enfocada en la defensa del Estado de derecho.
También llamó al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, al Congreso del Estado de Sinaloa y a la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa a destinar mayores recursos a las instituciones de seguridad y justicia, tras considerar que durante años han sido debilitadas por falta de presupuesto.
“Tenemos que aprovechar esta oportunidad para no solamente aclarar, sino avanzar lo que no hemos avanzado por décadas para darles lo que le corresponde a nuestras instituciones de seguridad y justicia”.
El miércoles 29 de mayo, el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, a quienes señala de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y de colaborar en el tráfico de narcóticos hacia territorio estadounidense.
Entre los señalados figuran el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Senador Enrique Inzunza Cázarez y el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; así como el ex Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el Vicefiscal con licencia, Dámaso Castro Saavedra; y ex mandos de corporaciones estatales y municipales.
La acusación fue presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y asignada a la Jueza Federal Katherine Polk Failla.
Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos, delitos que en varios de los casos contemplan penas de cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
