Cuatro municipios de Sinaloa violan la Ley de Obras Públicas al integrar comités sin aval del CPC
Al menos cuatro municipios de Sinaloa incurrieron en violaciones a la Ley de Obras Públicas al integrar comités de obras públicas sin la participación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), instancia que por ley debe seleccionar a los representantes ciudadanos mediante convocatoria.
Los municipios señalados son Mocorito, El Fuerte, Juan José Ríos y Eldorado, donde los ayuntamientos nombraron directamente a ciudadanos para integrar los comités, sin cumplir el procedimiento establecido en la legislación vigente.
De acuerdo con la Ley de Obras Públicas, los comités deben integrarse con tres ciudadanos seleccionados por el CPC, con el objetivo de que exista observación ciudadana de los procesos de licitación y contratación de obra pública.
“Estos ciudadanos tendrán una duración de dos años dentro del comité de obras y serán elegidos por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, a través de un proceso público y transparente en el que se pondere su reconocimiento público”, se puede leer en el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas.
Sin embargo, el mismo CPC advirtió que en estos cuatro casos los ayuntamientos ejercieron de manera incorrecta sus facultades al realizar los nombramientos sin pasar por el ente, lo que contraviene lo establecido en la ley.
Dos de los municipios señalados son de nueva creación y actualmente están incumpliendo esta obligación legal. Los otros dos ya habían recibido, desde 2024, una recomendación no vinculante para integrar correctamente a los ciudadanos en los comités de obras públicas, sin que hasta ahora se haya atendido dicha recomendación.
En este contexto, también se señaló que la mayoría de los municipios de la entidad no cuenta con representación ciudadana en sus comités de obras públicas, a pesar de que la ley lo establece, situación que cobra relevancia ante el nuevo crédito destinado a la ejecución de obras.
“En la mayoría de los municipios no están integrados ciudadanos, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas, tiene que haber tres personas ciudadanos en los comités de obras públicas seleccionados por el CPC después de una convocatoria. Pues la mayoría no tienen estos representantes ciudadanos. Entonces, no hay una representación ciudadana de cada cámara, de colegios, de academia, etcétera, que observe las licitaciones en estos comités de obras”, señaló Lucía Irene Mimiaga León.
“Lo peor es que ya van cuatro municipios que además hemos detectado que hicieron uso, yo creo, incorrecto de sus facultades y los ayuntamientos porque nombraron a los ciudadanos ellos mismos sin pasar por el CPC violando la ley de obras públicas, que es el caso de Mocorito, El Fuerte, Juan José Ríos y Eldorado”.
La declaración fue realizada en el contexto de la crítica hacia el Ejecutivo estatal sobre el manejo de los recursos financieros destinados para obras públicas pues durante el 2025 el Congreso de Sinaloa concedió al Gobierno del Estado el permiso para disponer de préstamos por hasta 4 mil 500 millones de pesos destinados a obras.
