Violencia actual en Sinaloa es la mayor crisis de seguridad en su historia: Adrián López
La violencia que actualmente se vive en Sinaloa constituye la crisis de seguridad más grande en la historia del estado, afirmó Adrián López Ortiz, director general del periódico Noroeste.
Durante el Conversatorio ciudadano “El futuro de la seguridad de Sinaloa: ¿Hacia dónde y cómo?”, el periodista señaló que la entidad atraviesa la tercera guerra interna del Cártel de Sinaloa en lo que va del siglo, un conflicto que, dijo, podría transformar definitivamente a esa organización criminal.
“Lo que estamos viviendo ahora, mayoritariamente en Culiacán, pero también el resto de Sinaloa, es la crisis de violencia más grande de nuestra historia”, resaltó.
“Yo creo será la guerra definitiva, no porque vaya a desaparecer el Cártel de Sinaloa, sino porque habrá desaparecido como lo hemos conocido hasta ahora”.
Sin embargo, subrayó que el fenómeno actual no puede explicarse simplemente como una “narcoguerra”.
A diferencia de episodios anteriores, no se trata solo de dos grupos criminales enfrentados por la producción o distribución de drogas.
“Es una cosa mucho más compleja. No son dos bandas de narcos peleándose por un tema de producción o distribución de drogas. Es una mafia fracturada que se está peleando territorios, mercados y narrativas. Y en esos territorios y mercados están los módulos de riego y tampoco eso es de ahora. Están la política, cuántos políticos llevamos atacados, asesinados de todos los colores”, explicó.
En esa disputa, añadió, intervienen intereses que van mucho más allá del narcotráfico tradicional, pues incluyen control territorial, actividades económicas y espacios de poder político.
Advirtió que la violencia actual refleja la fragmentación interna del crimen organizado y su penetración en distintos ámbitos de la vida pública.
Para dimensionar la magnitud del problema, López Ortiz compartió algunas cifras recopiladas por el propio medio.
En alrededor de año y medio se han registrado más de 10 mil vehículos robados en la entidad.
También se contabilizan más de 3 mil 300 personas privadas de la libertad ilegalmente. De ese total, al menos el 72 por ciento continúa desaparecida.
A estas cifras se suman más de 2 mil 900 homicidios, más de 3 mil 300 personas detenidas y más de mil 170 abatidas en enfrentamientos con autoridades.
El director de Noroeste indicó que estos números reflejan una acumulación de violencias que no tiene precedente reciente en el estado.
Además, señaló que el problema no es nuevo, sino resultado de décadas de debilidad institucional.
Recordó que desde hace años Sinaloa mantiene altos niveles de delitos e impunidad.
Tan solo el año pasado se registraron casi 40 mil delitos del fuero común y más de 3 mil 300 del fuero federal, lo que equivale a un promedio de 116 delitos diarios.
A ello se suma una alta cifra negra, ya que Sinaloa se encuentra entre los estados con mayor porcentaje de delitos que no se denuncian.
En materia de justicia, agregó, la situación también es crítica. De acuerdo con un estudio de México Evalúa, en Sinaloa el 94.8 por ciento de los delitos queda impune dentro del sistema de justicia penal.
Para López Ortiz esta crisis también evidencia la fragilidad de las instituciones de seguridad en el estado.
Señaló que actualmente existen poco más de mil policías estatales, una cifra que consideró insuficiente para enfrentar un conflicto de esta magnitud.
Ante este escenario, planteó que una de las principales acciones debe ser una inversión mucho mayor en policías locales y en la fiscalía estatal para fortalecer la capacidad de investigación, vigilancia y sanción.
“¿Qué hay que hacer? Muy sencillo, una inversión enorme, enorme, radicalmente más grande en policías locales y en la fiscalía estatal, lo que hay no alcanza y significa que nos tomaría mucho más tiempo para incrementar la disuasión, apretar la vigilancia y reducir sensiblemente la impunidad”.
Finalmente, también llamó a una reflexión colectiva sobre el papel que han tenido tanto las autoridades como la sociedad en el deterioro institucional que permitió llegar a este punto.
“El fracaso es de todos, la responsabilidad es del Estado. No quiero minimizar eso, pero el fracaso es de todos”.
