Uganda autoriza extradición a EU de ex militar acusado de suministrar armas a cárteles mexicanos
Una corte de Uganda autorizó este viernes la extradición a Estados Unidos de Michael Katungi Mpeirwe, teniente retirado del ejército ugandés y ex funcionario político, acusado de participar en una conspiración para traficar cocaína, poseer armas de fuego y artefactos destructivos destinados a actividades de narcotráfico, así como de proporcionar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización designada como terrorista por las autoridades estadounidenses.
El Tribunal de Magistrados Principales de Buganda Road, presidida por la magistrada Ritah Kidasa Neumbe, determinó que la solicitud presentada por la Fiscalía de Uganda cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Extradición de ese país. Como consecuencia, ordenó que Katungi permanezca bajo custodia mientras el ministro correspondiente dispone su entrega a Estados Unidos.
Katungi deberá enfrentar los cargos ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. De acuerdo con la acusación presentada por autoridades estadounidenses, se le imputan tres delitos: conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína; conspiración para poseer armas de fuego, incluida una ametralladora y un artefacto destructivo, para facilitar un delito de narcotráfico, y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, identificada como el CJNG.
La resolución de la corte ugandesa se produjo después de que el gobierno de Estados Unidos solicitara formalmente la entrega de Katungi para que sea sometido a juicio en Virginia. La fiscalía de Uganda, representada en el procedimiento por Adrine Asingwire, fiscal estatal principal de la Oficina del Director de la Fiscalía Pública, sostuvo la solicitud de extradición.
Corte rechaza objeciones de Katungi
Durante el procedimiento, la defensa de Katungi presentó varias objeciones preliminares, relacionadas con la forma en que se inició el proceso, las facultades del ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales y del procurador general para tramitar la solicitud estadounidense, una alegación de inmunidad diplomática y el argumento de que la Fiscalía de Uganda no tenía facultades para llevar adelante un procedimiento de extradición.
La corte rechazó todas las objeciones. Sobre la inmunidad diplomática, determinó que esta únicamente opera en el Estado receptor en el que un diplomático se encuentra acreditado y que no se extiende a procedimientos realizados en Uganda o en terceros países.
Acusación por suministro de armas al CJNG
La extradición de Katungi está relacionada con una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en julio de 2025 contra cuatro ciudadanos extranjeros señalados de conspirar para suministrar armamento de grado militar a cárteles mexicanos, particularmente al CJNG.
La acusación sostiene que, desde al menos septiembre de 2022, el búlgaro Peter Dimitrov Mirchev, el keniano Elisha Odhiambo Asumo, el ugandés Michael Katungi Mpeirwe y el tanzano Subiro Osmund Mwapinga participaron en una conspiración para proporcionar armas a organizaciones del narcotráfico.
Según las autoridades estadounidenses, entre el armamento que buscaban suministrar se encontraban ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de precisión, minas antipersonales y armas antiaéreas.
La acusación señala que los cuatro hombres consideraban que el CJNG utilizaría las armas para facilitar el tráfico de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.
Estados Unidos designó al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025, de acuerdo con el Departamento de Justicia. La acusación contra los cuatro extranjeros incluye precisamente el cargo de conspiración para proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada.
De acuerdo con los documentos judiciales citados por las autoridades estadounidenses, Mirchev sostuvo reuniones con personas que afirmaban representar al CJNG y presuntamente acordó organizar, coordinar y participar en operaciones ilegales de tráfico de armas, mientras buscaba evitar la detección de autoridades internacionales y estadounidenses.
Mirchev habría reclutado a Asumo para obtener de manera irregular un certificado de usuario final, conocido como EUC, emitido por un país que indicaría falsamente a quién estaban destinadas las armas.
Asumo, a su vez, habría reclutado a Katungi, quien posteriormente incorporó a Mwapinga al grupo.
Los cuatro habrían conseguido un certificado de usuario final de Tanzania que autorizaba la importación de fusiles AK-47. Con ese documento, según la acusación, Mirchev y otros integrantes del grupo enviaron como operación de prueba 50 fusiles automáticos AK-47, junto con cargadores y municiones, desde Bulgaria.
La acusación sostiene que, pese a que los documentos identificaban un destino distinto, la intención real era que las armas fueran recibidas por el CJNG.
Buscaban operaciones por 53.7 millones de euros
Después del primer envío, los acusados habrían continuado con la intención de proporcionar más armamento a organizaciones del narcotráfico.
Entre el material que se habría considerado para futuras operaciones se encontraban misiles tierra-aire, drones antiaéreos y el sistema antiaéreo ZU-23.
Mirchev habría elaborado una lista de armamento para el CJNG con un valor aproximado de 53.7 millones de euros, equivalentes a unos 58 millones de dólares, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.
La acusación señala que Asumo, Katungi y Mwapinga aceptaron nuevamente proporcionar documentación de control de armas destinada a ocultar que el destino real del armamento sería el CJNG.
Además de los cargos relacionados con las armas y el apoyo material a una organización terrorista, los cuatro fueron acusados de conspiración para distribuir cocaína. En caso de ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua, aunque el Departamento de Justicia señaló que las sentencias efectivas por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas y que corresponderá a un juez federal determinar las condenas.
