"Fiscalía reserva por cinco años toda información relacionada al crimen de Atilano Román"
Han pasado cuatro años desde que dos hombres irrumpieron en una estación de radio, y a balazos, arrebataron la vida al defensor de los desplazados por la presa Picachos, Octavio Atilano Román Tirado, mientras conducía al aire el programa “Así es mi tierra”.
Hoy, este crimen no sólo continúa impune como la mayoría de los asesinatos de líderes sociales en México, sino que toda información relacionada al caso ha sido clasificada bajo reserva por los próximos cinco años, bajo el argumento de proteger las investigaciones.
La Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa alega que el caso de Atilano Román no está relacionado con violaciones graves de derechos humanos, con crímenes de lesa humanidad ni con actos de corrupción, excepciones que marca la ley en la materia para la reserva de información pública.
En respuesta a una solicitud de Noroeste para conocer el estado de la investigación en su versión pública, con folio 01246418, la Unidad respondió que se trata de una averiguación que permanece abierta desde el 11 de octubre de 2014:
“...es decir, el Agente del Ministerio Público se encuentra reuniendo indicios para el esclarecimiento de los hechos para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño”.
Por lo tanto, argumentó la resolución, el hacer pública la averiguación previa pone en peligro el curso de la investigación y la impartición de justicia, así como a los peritos y testigos cuyos nombres y datos personales aparecen en el expediente.
Con la declaración de la reserva, no sólo está prohibido sino penado hasta con cárcel o destitución que un servidor público, especialmente de las instituciones de procuración de justicia, proporcionen dicha información o cualquier documento relacionado a la carpeta de investigación, de acuerdo a lo estipulado por los artículos 225 del Codigo Penal Federal y 178 del Código Penal de Sinaloa.
'El Gobierno ha utilizado a la delincuencia organizada'
El periodo de la clasificación podría terminar una vez que se determine, en su caso, el no ejercicio de la acción penal, se cumpla el tiempo de la reserva o se aplique un criterio de oportunidad a través de una impugnación o una nueva determinación.
México: lugar peligroso para los líderes comunitarios
La muerte de Atilano Román, quien a partir de 2009 luchó contra el Gobierno de Sinaloa en protesta por el desplazamiento forzado de seis pueblos para construir una presa, se inscribe en el contexto de inseguridad y represión que viven cientos de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en el país.
Elaborado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, el informe "Defender los Derechos Humanos en México: El Sexenio de la Impunidad. Junio de 2017 a mayo de 2018" revela que, desde 2006, 3 mil 967 personas han sufrido detención arbitraria y 228 han sido ejecutadas con la intención de frenar su defensa de los derechos humanos, en especial de las comunidades que se oponen a megaproyectos.
Atilano fue encarcelado al menos en dos ocasiones como consecuencia del movimiento. Manifestó antes de morir haber recibido amenazas de “gente del gobierno que utilizaba a la delincuencia organizada”, según documentó Noroeste el 3 de marzo de 2017.
Su asesinato se consideró en un inicio como un delito contra la libertad de expresión, ya que fue privado de la vida justo cuando conducía el programa “Así es mi tierra” por la frecuencia 89.7 FM.
El programa tenía la finalidad de reforzar la identidad de los pueblos desplazados. Hacía sátira de la vida cotidiana y de la política a través de una radionovela, escrita por el propio Atilano e interpretada por gente del movimiento de la Picachos. Las grabaciones fueron confiscadas para sumarlas a las indagatorias, por lo que no pudieron ser conocidas para este reportaje.
La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresion (Feadle) abrió la averiguación previa 05/2015. Sin embargo, después la desechó por “no ser de su competencia” y fue enviada a la Fiscalía de Sinaloa el 27 de noviembre de ese año. Así lo dio a conocer en el oficio PGR/UTAG/DG/005533/2018 para responder a una solicitud de transparencia.
Aunque la Feadle no hizo públicos los motivos para desistir de la atracción del caso, el procurador en Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, declaró ante los medios que Atilano “no era periodista”, porque no estaba en la nómina de ninguna empresa informativa.
La ruta de la impunidad
A las 10:40 horas del 11 de octubre de 2014, la muerte le llegó a Atilano Román Tirado. Tenía 49 años. Bastaron segundos para que se consumara el homicidio. Las primeras versiones apuntan a que fueron dos hombres armados quienes le asestaron dos balazos en la cabeza, uno de ellos en el rostro. Uno de los pistoleros entró hasta la cabina donde conducía el programa “Así es mi tierra”, en las instalaciones de ABC Radio, que compartía con el periódico El Sol de Mazatlán. El otro aguardaba en la recepción del lugar, ubicado en el fraccionamiento Playa Sur de esta ciudad.
Media hora después, falleció el líder comunero en un hospital privado. Los sicarios huyeron.
Se abrió el caso en el sistema de tradicional de justicia. El procurador declaró cinco días después que ya se tenían los retratos hablados de los asesinos y se había tomado la declaración al menos a diez a testigos.
Pero hasta la fecha, no hay nada.
El mismo día de los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presidida por Juan José Ríos Estavillo (hoy fiscal), recomendó medidas cautelares y pidió una investigación expedita.
"Dado la gravedad de los hechos denunciados y a fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos, esta Comisión Estatal solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado la adopción de medidas precautorias o cautelares", se leía en el comunicado.
Con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, Ríos Estavillo se encuentra al frente de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pero ahora no habla del líder de los desplazados y no respondió la solicitud de entrevista de este medio. Esta Fiscalía tampoco considera que la muerte de Atilano sea un hecho relacionado a violaciones graves de derechos humanos.
Atilano Román: líder de un movimiento irreverente
Atilano Octavio Román Tirado nació el 31 de mayo de 1965 en La Puerta de San Marcos, uno de los seis pueblos desaparecidos bajo las aguas de la presa Picachos, ubicada entre los municipios de Mazatlán y Concordia.
Ganadero y empresario, Atilano estudió en Mazatlán la secundaria y después la carrera de contaduría privada. Se describía a sí mismo como una “pared” para los planes del Gobierno del Estado de Sinaloa, que comenzó a construir el embalse de la presa, pero a los desplazados —afirmaba— sólo los iba a despojar de sus tierras y a dejarlos en la miseria.
“En esos momentos yo me pronuncié para que la gente recibiera pueblos bien hechos, bien urbanizados con carreteras, con un desarrollo social, donde la gente tenga con qué mantenerse y tenga un trabajo”, recordó Atilano en una de muchas entrevistas.
Sin decreto de expropiación, la obra comenzó en 2009 y se anunció como el detonante económico para el sur del estado: regaría 22 mil 500 hectáreas para la agricultura y dotaría de agua a Mazatlán por las próximas décadas.
Los pobladores denunciaron abusos y exigieron ser indemnizados por sus tierras conforme a la ley, por lo que iniciaron una lucha que, junto a otros líderes, encabezó Román Tirado hasta el día de su muerte, el 11 de octubre de 2014.
Este movimiento, que defendía a más 800 familias, protagonizó incontables actos de protesta y se caracterizó por su irreverencia.
Los “Picachos” se convirtieron en una escena cotidiana en las calles de Mazatlán. Las mujeres gritaban la corrupción que les había arrebatado a sus pueblos; y en sus pancartas, no se cansaban de acusar de “ratas” y “sinvergüenzas” al gobernador, al alcalde y a los encargados del proyecto.
Tomaron calles, dependencias y hasta el propio Congreso del Estado, en Culiacán.
Atilano Román fue encarcelado en 2012, cuando cientos de comuneros marchaban por la autopista rumbo a la capital sinaloense. También en 2013, cuando pretendían unirse al desfile del Carnaval de Mazatlán haciendo comparsa del gobernador.
Una vez concluida la presa y los nuevos pueblos para los desplazados, la lucha se enfilaba a lograr permisos de pesca deportiva y comercial para el aprovechamiento de la obra hidráulica en beneficio de los desplazados. Los conflictos por los permisos siguieron con el gobierno y entre facciones de los comuneros.
Aunque Atilano manifestó antes de morir haber recibido amenazas de gente del gobierno ligada al crimen organizado y haber sido privado de su libertad a manera de intimidación, las causas de su muerte siguen sin ser esclarecidas.
OFRECERÁN HOY MISAS EN MEMORIA DE ATILANO
16:00 Misa en la iglesia de la comunidad de La Puerta de San Marcos
18:30 Misa en la iglesia de San Judas Tadeo
Av. del Mero 55, Sábalo Country.
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