"Desplazamiento forzado en Sinaloa: igual a impunidad total"
Cuando se habla de desplazamiento interno forzado, la impunidad es total.
Y para muestra, en la Vicefiscalía de la zona sur de Sinaloa, región donde se cuentan por cientos las personas obligadas a dejar sus tierras por acción de grupos criminales, no hay ninguna denuncia por este motivo.
Aparte del miedo que silencia a las víctimas, la razón es sencilla: el desplazamiento forzado no es tipificado como un delito.
Esto lo confirmó el Vicefiscal, Cruz Alejandro Flores Salazar, a más de un año de la emergencia de episodios colectivos de migración forzada en esta zona, sobre todo en las comunidades de los altos del municipio de Concordia, y tiempo después en el vecino municipio de Rosario.
A pesar de su impacto social, no se ha iniciado ninguna investigación por estos hechos, aunque sí por actos delictivos relacionados.
"A esta Vicefiscalía le compete cuando tiene conocimiento de un hecho delictuoso; por lo que hace en esas zonas, hemos tenido conocimiento por diversos homicidios o lesionados, y esos son los hechos que han estado denunciando, derivado de la situación de desplazados no tenemos ninguna carpeta de investigación", declaró.
En relación con la violencia que ha provocado que 350 familias huyeran a Mazatlán, aseguró que sí hay carpetas de investigación resueltas, órdenes de aprehensión, aunque no todas ejecutadas. Pero se reservó más información por la secrecía de las indagatorias.
Hace falta legislar para prevenir el desplazamiento: Loza Ochoa
"Cabe mencionar que la Ley de Atención a Víctimas contempla a los desplazados, pero no obliga a las fiscalías a perseguir el desplazamiento de oficio, como el homicidio", ejemplificó el fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS), una organización independiente.
Por esto, acotó, lo que se ha investigado es por la comisión de asesinatos, pero no toman en cuenta el drama de los desplazados ni todas sus pérdidas afectivas y territoriales.
Tan solo en tierra sinaloense, la CDDHS asegura que la cifra de desterrados se acerca a las 40 mil personas acumuladas desde el sexenio pasado: muy lejos de las 2 mil familias que hace unos días reconoció la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, sin precisar número total de víctimas.
"Nosotros hemos documentado el desplazamiento 'hormiga', que no se ha detenido; se van de a diez, de a cinco, de dos... y esto va engrosando las cifras sin que se perciba en la opinión pública", explicó Loza Ochoa.
Comentó que las zonas más afectadas se encuentran en el norte, entre los municipios de Choix, El Fuerte, Sinaloa y Badiraguato; y hacia el sur, en Cosalá donde parte de las personas que llegaron de Durango en 2015 todavía permanecen allí. Además de las emergencias ocurridas desde hace año y medio entre Rosario y Concordia.
Sobre el dato de la instancia gubernamental, comentó que sólo toma en cuenta a los que acuden a solicitar ayuda.
Los desplazados normalmente los atiende la Secretaría de Desarrollo Social o las dependencias similares en los municipios, pero la Fiscalía se ha deslindado totalmente, advirtió.
A nivel nacional, la situación no cambia mucho.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) propone la elaboración de una Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno, donde este tipo de actos sean tipificados como delito del fuero federal, porque se trata de una múltiple violación a los derechos y las garantías individuales.
Lo anterior se deriva de su informe de 2017: "Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México", en el que documentaron una cifra histórica-acumulativa de 329 mil 917 desplazados en el país de 2006 a 2017, periodo que corresponde a la actual política de seguridad contra el crimen organizado.
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