"Funcionario compró colchones a un amigo y a una empresa de otro giro: Fiscalía"

La Fiscalía General del Estado acusó a Carlos Baltazar Castro Olivas, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, realizó directamente las compras de colchones en mal estado a un amigo personal y a una empresa que no se dedica a ese giro por 2 millones 970 mil pesos.

Sin embargo, el acusado solicitó un plazo de 144 horas para presentar pruebas a su favor, por lo que fue dejado en libertad de forma provisional por el juez de control y enjuiciamiento.

La continuación de la audiencia inicial, en la que el funcionario defenderá su inocencia o el juez podría vincularlo a proceso penal, se programó para el próximo 23 de octubre a las 10:30 horas.

Con pruebas documentales y entrevistas la Fiscalía señaló Castro Olivas es el autor de las compras de colchones en mal estado y a sobreprecio.

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Castro Olivas estaba a cargo de la coordinación administrativa de la Secretaria de Desarrollo Social y era el responsable de operar una cuenta de la dependencia y de la cuál se hallaron transferencias electrónicas a un particular y una empresa registrada como sociedad de producción rural.

Según la Fiscalía, el particular es amigo personal de Castro Olivas, y de cuya transferencia no hay evidencia de factura. La otra es una empresa llamada Grupo El Mariachi, que no tiene ese giro comercial. Ambos con domicilio en Guadalajara, Jalisco.

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La audiencia inicial inició a las 12:31 horas en el Centro de Justicia Penal y Oral de la zona centro del estado y se decretó un receso de dos horas, luego de que la defensa solicitó conocer la carpeta de investigación.

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 El receso terminó dos horas después y entonces la Fiscalía presentó su acusación por los delitos de peculado y negociación ilícita.

En sus señalamientos, la Fiscalía dijo haber hecho entrevistas con varios funcionarios subordinados de Castro Olivas, que lo señalaron como único responsable de las negociaciones y que confirmaron su ausencia del centro de trabajo a partir de que el escándalo de los colchones en mal estado se hizo público en redes sociales y medios de comunicación.

Incluso, una de las asistentes del funcionario señaló que le comunicó a Castro Olivas la situación y que éste le contestó que "todo problema tenía solución, menos la muerte" y que luego ya no pudo comunicarse con él.

La Fiscalía señaló tener evidencia de que las transferencias fueron hechas, dos al particular por 1 millón 350 mil y 250 mil pesos, y a la empresa por 1 millón 350 mil pesos.

Los delitos por lo que se le acusan son peculado y negociación ilícita, y en caso de ser culpable podría alcanzar hasta 14 años de cárcel y 20 años de inhabilitación en el servicio público.

Al final de la audiencia, la Fiscalía solicitó al juez como única medida cautelar la prisión preventiva, por el hecho de las penas que el imputado podía alcanzar, sin embargo la defensa se opuso porque aún el imputado no está vinculado a proceso y porque no se pueden dictar las medidas con respecto a las penas, pues el nuevo sistema de justicia prioriza la inocencia del imputado.

La Fiscalía reformuló y solicitó el pago de una garantía económica de 2 millones 970 mil pesos que representaba la acusación del daño al Gobierno del Estado, la asistencia periódica al juez para garantizar su presencia en la audiencia y la prohibición del Estado.

La defensa, por su parte, argumentó que Castro Olivas y su familia radicaba en esta ciudad y que el hecho de que su familia tenía una empresa importante económicamente garantizaba su estancia, y que en todo caso requería solo viajar a Jalisco a tratar asuntos con los proveedores irregulares y posibles procesos en contra de estos, y que cuando fue detenido venía de regreso a Culiacán y no huyendo.

Al final el juez determinó que Castro Olivas fuera dejado en libertad, desestimó la garantía económica y la presencia periódica, sólo accedió a prohibirle la salida de Sinaloa sin dar aviso a las autoridades.