"Regresará ante juez ex funcionario vinculado al Colchongate"

La acusación del Estado contra el ex funcionario que trianguló una compra de colchones en mal estado, y que se repartieron a personas damnificadas por la tormenta del 20 de septiembre de 2018 se retomará este jueves con la audiencia intermedia.

Según las audiencias programadas, el ex director administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Sinaloa, Carlos Castro Olivas, regresará al Centro de Justicia Penal y Oral a las 08:30 horas de este jueves.

En esta audiencia, tanto la Fiscalía General del Estado como los abogados defensores ya cerraron la etapa de investigaciones complementarias.

Castro Olivas, según la causa penal 01115/2018, es acusado de loas delitos de negociaciones ilícitas y peculado y fue vinculado a proceso desde el 22 de octubre de 2018.

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El ex director administrativo fue aprehendido por la Policía Investigadora en una caseta de cobro de autopista en el sur de Sinaloa, luego de que decenas de personas acusaron vía redes sociales que los colchones que entregaron a los damnificados por las inundaciones estaban en mal estado, húmedos y podridos.

Durante la audiencia inicial, los fiscales acusaron ante el juez que Castro Olivas realizó directamente las compras de dichos colchones en mal estado con la ayuda de un amigo personal en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a una empresa que no se dedica a ese giro por la cantidad de 2 millones 970 mil pesos.

En la audiencia del jueves, y según las pruebas que se presenten, Castro Olivas podría dictar el auto de juicio oral.

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Los posibles castigos

De resultar culpable, según el Código Penal del Estado de Sinaloa, el ex funcionario podría tener una pena mayor a los 10 años de prisión, pues se le señala de cometer los delitos de peculado, por el que podría recibir de 3 a 10 años de prisión, y negociaciones ilícitas, por el que sería castigado de 6 meses a 4 años de prisión.

Además sería inhabilitado como servidor público por al menos tres años.

El ex funcionario podría disminuir su castigo en caso de regresar de manera íntegra de los recursos que se destinaron para la irregularidad.

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